México.- En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hay un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): que declare que “la verdad histórica y legal” del caso Tlatlaya descarta responsabilidad del personal militar en la muerte de 22 civiles.

En entrevista con La Jornada,  el director general de Justicia Militar de la Sedena, general de brigada Gonzalo Corona González aseguró que la justicia castrense y la federal exoneraron a los soldados involucrados en esos hechos ocurridos el 30 de junio de 2014.

De acuerdo con el mando militar, las recientes reformas al Código de Justicia Militar y al Código de Procedimientos Penales Militares –que fueron impugnadas por la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– no pretenden “extrapolar” la justicia militar a la justicia civil. “De ninguna manera y por ningún motivo”, afirmó.

Consideró que las críticas a dichas reformas son producto de “una interpretación temeraria y sesgada”, porque la intervención telefónica, cateos de edificios públicos –incluidos el Congreso y edificios del Poder Judicial– y domicilios, localización satelital, etcétera, sólo se harán cuando estén relacionados con delitos cometidos por militares y, previa autorización de un juez de control federal, afirmó.

En cuanto a los procesos en contra los militares en el caso Tlatlaya, Gonzalo Corona González indicó que “hubo una resolución judicial que favoreció al personal militar”, independientemente de que la procuraduría militar inició un proceso por delitos del orden castrense y ahora está en apelación.

“En el fuero federal ya salieron absueltos, no se les acreditó ninguna responsabilidad; en el fuero militar, en primera instancia, tampoco tuvieron ninguna responsabilidad y sus procesos están sujetos a apelación para que resuelva el Supremo Tribunal Militar”, dijo.

Precisó que en el fuero militar se les acusó del delito de desobediencia, porque salieron a patrullar, sin contar con el efectivo que se tenía ordenado, ni con el número de unidades que se había ordenado, eran siete elementos los que iban.

“Ahí se distorsionó de una manera dramática la participación del personal”, apuntó.

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Asimismo, dijo que la Sedena analiza las recomendaciones de la CNDH sobre el caso y las que son de ámbito general las acata. “Así como lo hizo en su momento, que dijo que existía una responsabilidad.

“Yo creo, personalmente, que debería hacer una declaración de que jurídicamente se llegó a la verdad histórica y legal de que no hubo responsabilidad del personal militar en esos hechos”, dijo.