Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en México se vive una fuerte crisis de violaciones a los derechos humanos que concentra cifras alarmantes de personas víctimas de desaparición y desaparición forzada.
Este martes, la CIDH publicó su reporte "Situación de los Derechos Humanos en México", resultado de la visita que el organismo realizó del 8 de septiembre al 2 de octubre de 2015. De acuerdo con la CIDH, a la crisis de desapariciones se suman casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad ciudadana, acceso a la justicia e impunidad.
En su informe, la dependencia reconoce el esfuerzo del Estado mexicano en implementar programas, leyes y reformas en favor de un ambiente de paz y justicia, pero considera que las acciones no constituyen una respuesta eficiente ante los problema de delincuencia organizada e impunidad.
"La respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad. La CIDH ha recibido información alarmante que indica que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria", se lee en parte del documento.
La CIDH alerta que existe una posible relación entre zonas afectadas por la violencia y el narcotráfico, y la presencia de elementos militares en esas áreas.
De acuerdo con el reporte,el número de personas "no localizadas" al 30 de septiembre de 2015, son 26 mil 798. En agosto de 2014, cifras de la PGR arrojaban 22 mil 322 personas "no localizadas". La CIDH externó su preocupación por el creciente número de casos de desaparición forzada, delito donde una autoridad se involucra directamente en la desaparición de una persona.
Respecto al número de homicidios, la CIDH considera que los más de 94 mil homicidios registrados desde el inicio de la actual administración, deben ser considerados como epidémicos en niveles de violencia, según la OMS.
En cuanto a la tortura, la CIDH concluyó que es una práctica generalizada que se realiza en las primeras horas de una detención o previo a la presentación del imputado ante un juez.
"El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva", consideró el presidente de la CIDH James Cavallaro.
Responde gobierno mexicano
En un comunicado, el gobierno mexicano rechazó el informe de la CIDH y consideró que su reporte no tiene una base metodológica sólida, además de que las conclusiones no son objetivas.
"En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento. Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos", se lee en el documento oficial.
El gobierno lamentó que el reporte de la CIDH no refleja los esfuerzos que promueven la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales.