México.- La muerte de 49 personas en situación de reclusión en el penal de Topo Chico ha exhibido dos grandes problemas: el fracaso del Estado en materia de seguridad y la descomposición social.

A través de redes sociales, usuarios han expresado estar de acuerdo con la muerte de quienes fueron ingresados a un penal para readaptarse a la convivencia social.

En la modalidad “humor negro” o abiertamente celebrando con alegría que “se maten entre ellos”, varios usuarios de redes sociales han exhibido desconocimiento en torno al Estado de derecho -que debe prevalecer aún para quienes infringieron alguna ley en el pasado- así como en materia de derechos humanos.

No por nada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue de las primeras instituciones en demandar justicia ante los hechos en el penal de baja peligrosidad de Nuevo León y a cargo del gobierno del Estado. Muchos caen en el error de pensar que la comisión "defiende a criminales" pues es la única que exige abiertamente se respeten las garantías de quienes son procesados o cumplen una condena. 

Cuando se habla de “violencia generalizada” también hablamos de esa alegría malsana que expresan algunos por la tragedia de otros. Sean crímenes cometidos en contra de personas en situación de reclusión, estudiantes, jóvenes, periodistas, mujeres, homosexuales, menores de edad o ancianos, siempre existe mofa por la pena del otro.

Algunos considerarán que es una particularidad de la cultura mexicana o que no se deben tomar en serio las opiniones vertidas en redes sociales. La realidad es que estamos ante una sociedad poco indolente ante la tragedia ajena que también, aunque lejana, es la propia.

Por otro lado, el fracaso del Estado en la procuración de seguridad es tangible cuando el interior de un penal es una extensión más del crimen organizado y, por lo tanto, una plaza más en disputa.

En una búsqueda simple sobre el penal de Topo Chico, Google arroja que en septiembre pasado fue asesinado con arma blanca Mario Alberto Roldán Zúñiga y once personas más resultaron heridas. El occiso fue identificado como “líder zeta” del municipio de San Nicolás.

También muestra que en abril de 2013 se denunciaron condiciones inhumanas para las mujeres de la prisión, donde varias fueron víctimas de esclavitud sexual, violencia y amenazas. 

En síntesis, el Estado no se encarga de la prevención del delito pero tampoco se preocupa por generar un espacio para alcanzar la reinserción social. La reincidencia debería considerarse como el máximo fracaso del Estado. 

Todo apunta a que la corrupción va más allá de las instituciones y ha germinado en las ideas y sentimientos de la población mexicana que ni en un dejo de misericordia puede entender que los criminales no nacen sino que se hacen y que la ausencia del Estado deja a merced del crimen organizado el mayor recurso del país: sus ciudadanos.