México.- Una crisis de dimensiones epidémicas en materia de derechos humanos se está gestando en México, debido a “la incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales […] para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente”, afirmó Amnistía Internacional con base en su informe titulado "Un trato de indolencia".

En un comunicado emitido este jueves, el organismo expuso que en Chihuahua y el resto del país se reflejan "las graves deficiencias de la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Guerrero en septiembre de 2014".

“La incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, señaló Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América, según el comunicado.

El informe de AI destaca que México carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas.

"Cuando los familiares acuden a la policía para dar parte de una desaparición, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales. La búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza por sistema, o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados", expone.

Respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el informe sostiene que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial, lo cual “es un hecho bien documentado”, afirma el estudio.

En ese sentido, AI recordó que "(el gobierno) se empeñó en seguir una sola línea de investigación -la de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local-. La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas".

Así el organismo destaca la falta de resultados que ha dado “la deficiente investigación realizada” por las autoridades, ya que hasta la fecha no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad del mando, además de que los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de video, indica.

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Amnistía Internacional asegura que casos de incompetencia en la investigación de desapariciones se repiten en diversos estados del país, como en Chihuahua, que cuenta con casi mil 700 personas  desde 2007 y donde hay al menos un caso de encubrimiento por parte de las autoridades estatales, asegura.

Para ilustrar sus señalamientos, AI recuerda que en la mayoría de los casos las autoridades no adoptaron medidas fundamentales para la investigación, como hacer comprobaciones telefónicas, bancarias y financieras de las víctimas o los sospechosos, usar la señal de geolocalización de los teléfonos móviles o revisar los datos procedentes de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde la persona desapareció.

"Estos graves fallos obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a sus seres queridos. Algunos recorren el país en su busca, otros contratan a detectives privados y reúnen pruebas por su cuenta", destaca.

Pese a los esfuerzos de los familiares, AI lamenta que normalmente, la información éstos obtienen  sólo sirve para engrosar el expediente del caso, pues rara vez es sometida a un examen escrupuloso por las autoridades para establecer nuevas líneas de investigación o comprobar todas las pistas disponibles.