México.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, reconoció que el 26 de septiembres de 2014 no ocurrió ningún incendio en el basurero de Cocula. Con ello, desestimó una vez más la versión oficial que indicaría que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido incinerados en este sitio.

“Es claro que en la investigación que no hubo ningún incendio en el basurero de Cocula. Imágenes de satélite captan los incendios diurnos y nocturnos, y no hubo ningún incendio en la zona. Este elemento es lo que nos permite dirigir una búsqueda hacia otros lugares para localizar a los estudiantes”.

De acuerdo con el experto colombiano Alejandro Valencia, a petición de el GIEI la PGR pidió un estudio a un centro especializado en meteorología sobre la situación en Cocula los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Valencia detallo que el estudio realizado el 30 de septiembre de 2015 por dicho centro señala en sus conclusiones que la estación meteorológica de iguala tuvo una precipitación acumulada de 21.8 milímetros, entre la 1 am y las 4 am del 27 de septiembre.

El experto agrego que desde el 13 de marzo de 2015 el GIEI pidió a la PGR registros o fotografías satelitales del terreno para evaluar la existencia del “incendio en el basurero de Cocula”.

En este estudio, el monitoreo satelital muestra un solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, mismo que no corresponde a las coordenadas de Cocula.

“Dicho informe concluye que sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que no se detectó un incendio en la población de Cocula en los mismos días”.

En conferencia de prensa, Ángela Buitrago, integrante del GIEI, relató que si bien las pruebas periciales no muestran que existió algún incendio en la zona, quienes han sido señalados como responsables no podrán ser liberados pues existen indicios de su participación en la desaparición de los normalistas.

“El hecho de que no sea en el basurero de Cocula no genera la liberación automática de los presuntos responsables. Queda claro que la desapariciones existe y que hay responsables de ese hecho”, señaló.

Por otra parte, el GIEI insistió en realizar entrevistas con el 27 Batallón de Infantería en Iguala para conocer detalles sobre la desaparición y obtener posibles elementos de búsqueda.

El GIEI informo que el 26 de agosto y el 11 de septiembre, 11 militares se presentaron a dar o ampliar su declaración ante la PGR. Estos elementos castrenses, a decir el grupo de expertos, están en la listar de los 27 militares que desea entrevistar el grupo.

Los expertos señalaron que “debido a la forma como se tomaron las declaraciones, no se sabe qué pregunto el Ministerio Público durante el interrogatorio y sus declaraciones dejan igualmente aspectos claves pendientes de profundizar, pues no se responden ni evalúan”.

Ante tal escenario, el grupo considero necesario reentrevistar a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferente hechos. El GIEI reconoció que tiene listo un documento con las pregunta para estos militares.

El grupo de expertos informó además que, de acuerdo con informes médicos de la PGR, 70% de los detenidos presentó lesiones que podrían corresponder a malos tratos o tortura. “El grupo considera que tanto para la credibilidad de la investigación, como para la prevención de la tortura y/o posibles denuncias, de necesita reforzar las garantías médicas durante la detención”, detallo Alejandro Valencia.

De acuerdo con el GIEI, las evaluaciones psicológicas de la PGR no han tomado en cuenta el impacto de posibles torturas, incluso cuando los detenidos hablaron de esos hechos.

Por ello, los expertos destacaron que corresponderá a la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) entregar un informe estos posibles actos.

El GIEI resaltó también que no asistirá al encuentro que sostendrán padres de normalistas con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en los próximos días.

Por último, el GIEI informó que tuvo conocimiento de las muestras enviadas al laboratorio de Innsbruck, en Austria. De este modo, ofreció sus criterios para establecer un protocolo de comunicación que asegure la confidencialidad y el manejo de la publicación de resultados o su lectura evitando la victimización secundaria de los familiares.