México.- Amnistía Internacional reconoció que es necesario que el Estado garantice a las mujeres su derecho a vivir una vida libre de violencia.

En el marco de la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, Amnistía detalló que de acuerdo con los datos oficiales más recientes, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia ya sea en el ámbito público o privado.

“La violencia contra las mujeres abarca múltiples modalidades que van desde maltratos y abusos psicológicos, físicos, económicos, patrimoniales, sexuales, hasta su manifestación más extrema: el feminicidio, es decir el asesinato de mujeres por razones de género. Actualmente, se estima que en el país se asesinan a 7 mujeres a diario.” señalo

Por medio de un comunicado la organización señalo que indicó, a pesar de los avances en materia legislativa como la creación de Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la tipificación del delito de feminicidio en 31 de los 32 códigos penales de las entidades federativas, así como la derogación de disposiciones normativas discriminatorias y contrarias a los derechos humanos de las mujeres, los retos siguen siendo numerosos.

“Con frecuencia los casos de feminicidio no se investigan como tales y no son atendidos por la justicia adecuadamente, generando un patrón de impunidad.” 

Amnistía resaltó que la respuesta de las autoridades ante la incidencia de estos crímenes se ha caracterizado por la minimización e invisibilización de los hechos y la falta de reconocimiento de las causas de género son causantes de estos delitos.

Por todo ello la agrupación indico que resulta urgente denunciar las distintas formas de violencia que día a día enfrentan mujeres, jóvenes y niñas en el ámbito laboral, escolar, comunitario o en el espacio familiar, y particularmente en su expresión más extrema, el feminicidio.

“Esperar a que se cometan más feminicidios en el país es inaceptable. Es momento de acabar con las excusas, dejar de enmascarar el problema y reconocer que resolverlo y prevenirlo es una obligación del estado.” concluyó.