México.- José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa son los principales imputados por los hechos del 26 de septiembre de 2014, sin embargo, ambos se declaran inocentes, niegan que alguna vez hayan llevado a cabo actividades ilícitas y denuncian irregularidades en sus respectivas detenciones.

Una investigación publicada en la Revista Proceso y que se basa en entrevistas telefónicas a ambos personajes, firmada por Anabel Hernández y Steve Fisher, revela que el excalde de Iguala, Guerrero, solicitó apoyo al Ejército, así como a la Policía Federal, ninguno de los cuales acudió a su solicitud.

De hecho, Abarca Velázquez admite que si no salió la noche del 26 fue "por miedo", sin embargo, se mantuvo en contacto con el secretario general del gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, quien le infomó alrededor de las 21:30 a 22 horas que en el municipio se registraron balaceras, pero no le informó que los estudiantes estaban siendo atacados, pese a que la comunicación se mantuvo hasta las 3:30 de la madruga del 27 de septiembre.

De hecho, el exmunícipe no se percató de que los agredidos eran estudiantes, hasta que el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, le informó que los que secuestraban autobuses eran normalistas, "no me dijo que estaban siendo asesinados", aclara y añade que el secretario le aseguró que se estaban llevando a cabo acciones para dar seguridad al municipio y a los heridos.

El testimonio de Abarca señala que solicitó a Flores que se comunicara con la Secretaría de a Defensa Nacional y la Policía Federal, lo cual presuntamente Flores realizó, pero ambas corporaciones le dijeron que no disponían de elementos para salir, incluso el propio excalcalde llamó a la PF pero nunca le contestaron.

Abarca negó que hubiera ordenado el ataque, narra que nunca dispuso de una radio para comunicarse y que nunca mantuvo comunicación directa con los policíaas municipales, sólo con el titular de la seguridad pública municipal, Flores Velázquez, de hecho a la pregunta expresa de si ordenó la muerte de los estudiantes, de manera serena declaró: "de ninguna manera. Eso sería espantoso".

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El exmunícipe y su esposa niegan también que fueran parte de Guerreros Unidos: "nunca hemos tenido relación con ningún grupo delictivo", afirman.

El reportaje señala que el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG) se reunió con Flores a la 1:30 de la madrugada, momento en el cual se acuarteló a los policías municipales, versión que contradice lo dicho por Martínez Garnelo, quien asegura que no pudo localizar al presidente municipal hasta la madrugada del 27 y que éste desconocía los hechos, pues se encontraba dormido.

El abogado del igualteco, preso desde hace un año en el Altiplano, Luis Argüelles Meraz, señala que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene grabaciones de las llamdas entres ambos funcionarios los días 26 y 27 de septiembre.

El exmunícipe desconoce al responsable de tramar los ataques, pero niega una vez más que tenga que ver algo en ellos.

De acuerdo con Pineda Villa, aunque reconozca ser hermana de Mario y Alberto, integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, asevera que es inocente de las acusaciones y reafirma que jamás ha cometido delito alguno, como muestra de ello asegura que no se le podrán comprobar vínculos con sus hermanos más allá del parentesco sanguíneo, pues sus bienes y negocios no están relacionados con el dinero de sus hermanos o actividades criminales.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) amenazó a María de los Ángeles con detener a sus hijos si no aceptaba la culpabilidad, afirma y añade que para detenerla "fui presentada bajo tortura física y psicológica".

La exprimera dama municipal afirma que entiende el dolor de los padres de los desaparecidos, pero que ella también necesita estar con sus hijos.

La investigación también detalla que las indagatorias lideradas por Victor León Maldonado estuvieron viciadas desde el principio y de hecho, el funcionario tiene antecedentes de fabricación de cargos en otros casos: el primero en 2009 durante las elecciones estatales en Michoacán y el segundo en 2008 dentro de la Operación Limpieza.

Las irregularidades iniciaron con la otrora PGJEG, hoy Fiscalía General de Guerrero a partir de la detención al 'azar' de Luis Alberto José Gaspar de 18 años y Honorio Antúnez Osorio de 51, quienes declararon ante el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, Guillermo Baltazar, que fueron torturados y obligados por la procuraduria estatal a firmar las declaraciones prefabricadas, sobre las cuales se sostiene la denominada "verdad histórica" del exprocurador Jesús Murillo Karam.

"Los testimonios de los demás detenidos, más de 100, fueron encaminados a afianzar esas dos primeras versiones? puntualiza la investigación con respecto a la hipótesis de que Guerreros Unidos estaba detrás del ataque a los normalistas, que terminaron siendo incinerados en el basurero de Cocula y que Abarca tenía vínculos con dicho cártel.

Con respecto a los aprehendidos al 'azar', uno de ellos era albañil y fue detenido mientras estaba sentado en un banqueta, pese a tener pruebas de que laboraba como trabajador de la construcción, mientras el de 51 años, era un militar jubilado que se desempeñaba como policía municipal, a quien se detuvo pese a que su arma y manos pasaron la prueba de disparos, durante un operativo de la Policía Federal Ministerial el 3 de ocubre.

Las declaraciones fueron obtenidas bajo tortura y contribuyeron para imputar a otros policías de Iguala que no laboraron el 26 de septiembre ni dieron positivo a las pruebas de disparos.

De hecho el abogado de la denominada 'pareja imperial de Iguala', las únicas pruebas que vinculan al exedil y a su esposa son el homicidio de Arturo Hernández Cardona, líder de Unión Ppular, así como sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos, mientras que Pineda es acusada de uso de recursos de procedencia ilícita; todas las imputaciones no quedan acreditadas.

Argüelles considera que el móvil de la acusación contra Abarca: