Estados Unidos.- El Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró como un avance en el caso Iguala el pronunciamiento que realizó esta tarde el gobierno mexicano sobre la posible declaración de soldados a través de un ministerio público.

En conferencia de prensa desde Washington, y tras finalizar la audiencia de la CIDH donde comparecieron junto a representantes del Estado mexicano, el grupo de expertos dijo que no interpretan como un "no" definitivo la respuesta que dio el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa, sobre su presencia durante el posible interrogatorio a militares del Batallón 27 de Iguala.

"Para nosotros es información muy importante y por eso lo hemos solicitado en 6 oportunidades. (La respuesta de Campa) la interpretamos como una búsqueda de concensos a posteriori si seguimos dentro de la etapa. Todo esto se ha logrado en conversaciones y aspiramos a que esas conversaciones den fruto frente a la justificación de porqué necesitamos esas declaraciones", señaló Angela Buitrago. 

Cuestionado en dos ocasiones durante la audiencia de la CIDH sobre el acceso a entrevistas con los militares, el subsecretario Roberto Campa afirmó que el gobierno mexicano está sujeto al acuerdo firmado ayer con el GIEI, donde se señala que las declaraciones castrenses serían a través de un ministerio público. 

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Al respecto, Buitrago subrayó el lenguaje empleado por Campa, quien no rechazó la posibilidad de estos careos al expresar que se buscarán formatos de la solicitud bajo el amparo del relanzamiento de la investigación, asignada ahora al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR Eber Betanzos. 

Para los expertos de la CIDH, el testimonio de los militares es fundamental pues resulta evidente que estuvieron presentes durante los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27, por lo que un formato donde se envíen preguntas para que agentes del gobierno mexicano las realicen, no sumaría al proyecto.

En cuanto a la extensión de su estancia en México, el GIEI dijo que esperarán a que la CIDH emita la solicitud formal correspondiente que en un primer caso estaría fechada por un periodo de 6 meses, aunque el plazo podría extenderse o reducirse, según se cumplan o no los objetivos del relanzamiento de la investigación. 

En su intervención, al celebrar el cambio de asignación del caso de la SEIDO a la subprocuraduría de Derechos Humanos, Carlos Beristain dijo que son 6 los funcionarios públicos señalados en el informe de recomendaciones que entregaron a la PGR como responsables de obstaculizar el proceso de investigación.