México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) retiró los fusiles de asalto alemanes Heckler & Koch G36 que distribuyeron a policías de Chiapas, Jalisco, Guerrero y Chihuahua, con objeto de evitar señalamientos por parte de organismos nacionales e internacionales.

El problema se centra en la presión de autoridades, académicos y organizaciones sociales de Alemania porque la empresa de dicho país vendió armamento para una entidad donde existe sospecha de violación a derechos humanos.

El total de armas retiradas y canjeadas es de 3,758 fusiles, sin embargo, faltan por canjear 942 fusiles que se le entregaron a la Policía de Chihuahua de un total de 2,304, mientras 198 están declaradas por corporaciones de Jalisco, 561 por Chiapas y 1,924 por Guerrero.

Adicionalmente 287 de los fusiles fueron extraviados por los estados o incluidas en averiguaciones previas.

La Sedena adquirió entre 2006 y 2009 un total de 9,652 fusiles Heckler & Koch G36 por 13 millones 76 mil 316 euros. El armamento fue importado para emplearse en tareas de seguridad pública de 27 estados para la entonces, Secretaría de Seguridad Pública Federal; en la lista de entidades se encuentran Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas, donde se entregaron alrededor de 5 mil fusiles de asalto para enfrentar al crimen organizado.

Las autoridades de aduana de Alemania señalaron que Heckler & Koch había vendido los fusiles pese a estar prohibido en la Ley de Control de Armas de Guerra del país, donde se contempla a naciones cuyas autoridades cometen violaciones a derechos humanos o son corruptas.

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El fabricante de armas admitió en un comunicado el 12 de mayo que cometió una operación ilegal y señaló que los dos empleados fueron despedidos, además de otros 5 que se vieron involucrados en la venta de dicha compañía.

Activistas y académicos alemanes han denunciado que los G36 fueron usados en la muerte y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala, además de la represión de diciembre de 2011 donde murieron dos jóvenes normalistas en la autopista México-Acapulco.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo, la PGR y la Sedena "a tomar medidas urgentes y realizar investigaciones exhaustivas" sobre el caso de contrabando de armas, puesto que la misma fabricante habría sobornado a las autoridades mexicanas para obtener los contratos.

Hasta el momento no hay ninguna investigación en curso, sin embargo se sabe que los militares que participaron de manera directa en los contratos con la empresa fueron los exdirectores de la Industria Militar, General Juan Alfredo Oropeza Garnica, actual director de la Unidad Estratégica de Inteligencia de Telecomunicaciones de México; General Humberto Alfonso Guillermo Aguilar; y el exdirector de Artillería, General Evodio Aquino Maldonado.

Los contratos fueron revisados y firmados por los exdirectores del Registro Federal de Armas y Control de Explosivos, General Arturo Pérez Cabello; General Gerardo Rubén Serrano Herrera, actual comandante de la Primera Región Militar con sede en el Distrito Federal; y General Adolfo Domínguez Martínez, actual comandante de la 10 Zona Militar asentada en Durango.

Con información de Reforma