México.- El país ocupa un deshonroso lugar en cuanto a asuntos penales, de seguridad y corrupción: ¡el ?sótano?! 

Así concluye la edición 2015 del Índice Mundial de Imperio de la Ley, un estudio del World Justice Project, que además indica que México retrocedió 13 lugares en el rubro referente a Controles a los Poderes de los Gobernantes. 

El organismo mide más de 40 factores que permiten dimensionar en la realidad práctica, la existencia del Estado de derecho en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

De acuerdo con Reforma, al tomar en cuenta todos los factores, México se coloca este 2015 en el lugar 79 entre 102 países. 

El año pasado la posición fue 79 de 99. 

Según con el estudio, el país fue colocado en el lugar 99 de 102 en materia de orden y seguridad. 

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Además, ocupa el 93 en cuanto a su sistema de justicia criminal y se queda en el 88 en cuanto a la ausencia de corrupción. 

En su nota, Víctor Fuentes hace notar que sólo Afganistán, Pakistán y Nigeria fueron peor calificados en orden y seguridad en el estudio de 2015. 

En tanto, países como Venezuela, Bolivia, Honduras y Guatemala son de las pocas que aparecen por debajo de México en cuanto a la operación del sistema de justicia penal. 

En materia de justicia civil, que incluye litigios mercantiles y familiares, México se ubicó en el lugar 82. 

Ello, porque los procesos son lentos, las sentencias no se ejecutan, no hay medios alternos de resolución de controversias, y los tribunales son vulnerables a la corrupción y las influencias externas y de actores políticos. 

Cabe destacar que los mejores resultados se obtuvieron en Gobierno abierto, indicador que mide la transparencia y acceso a la información pública, con el lugar 42. 

Asimismo, en la aplicación de regulaciones administrativas por parte de agencias del Gobierno, con el lugar 53, y en existencia de un sistema jurídico que reconoce y protege los derechos humanos fundamentales, en el lugar 56. 

Reforma destaca que el World Justice Project se fundó en 2006 por la Barra Estadounidense de Abogados y está asociado con más de 30 organizaciones internacionales para impulsar el Estado de Derecho.