Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no supo cómo reaccionar ante los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron levantados.
En el informe presentado por la comisión especial del PRD por el Caso Iguala, se reconoce que las dirigencias estatal y nacional de ese partido, así como el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, tuvieron fallas y omisiones en la atención del caso antes y después de la desaparición de los normalistas.
De acuerdo con el reporte, el órgano legislativo local, encabezado por perredistas, se concentró en José Luis Abarca y jamás exigió al gobernador Ángel Aguirre responder, hasta que éste se separó de forma voluntaria del cargo. Tampoco se inició una investigación especial sobre los responsables.
"El Consejo Nacional del PRD rehusó plantear la necesidad de la salida de Ángel Aguirre del gobierno del Estado para encarar su propia responsabilidad en la tragedia, concentrando la crítica y el ataque sólo hacia José Luis Abarca quien ya se había separado del cargo".
El informe acusa inconsistencias en las conclusiones presentadas por la PGR, sobre todo en el segundo de los incidentes, donde presuntamente los estudiantes fueron detenidos por policías municipales.
"No existe informe oficial de la conducta del gobierno de Guerrero durante las horas de agresiones contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa", indica el reporte.
La comisión del PRD subraya que la PGR tiene preso a José Luis Abarca por cargos fincados antes de la desaparición de los normalistas y que no se ha podido establecer un vínculo económico real entre el grupo delictivo de Guerreros Unidos y María de los Ángeles Pineda, acusada de lavado.
De acuerdo con el reporte, la prueba aportada por las autoridades son los estados de cuenta de Pineda, quien reportó importaciones de 13 millones de pesos en 5 años.
"Esta situación ubica el presente informe frente al hecho de que ni siquiera se puede presumir la existencia de un vínculo económico entre María de los Ángeles Pineda y el grupo delincuencial que ordenó la represión en contra de los estudiantes de Ayotzinapa ya que el Ministerio Público ?según su propio dicho?no ha presentado un caso sustentado ante los tribunales federales", señala el documento.
Sin embargo, el reporte del PRD consigna que solicitudes para investigar el vínculo de hermanos de Pineda con el crimen organizado fueron remitidas en 2011 al PRD estatal y al entonces presidente nacional del partido Jesús Zambrano.
Incluso la petición habría escalado hasta el gobierno federal panista, pues el entonces titular de la Segob Alejandro Poiré no dio información sobre una investigación de la PGR realizada en 2010 a la pareja por presunto enriquecimiento ilícito.
"El secretario de Gobernación no informó a Zambrano que el Ministerio Público de la Federación (PGR) había recibido denuncia anónima el 1º. de junio de 2010 contra José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, con la que se abrió la averiguación previa PGR/GRO/IGU/M-I/64/2010", señala un apartado.
En el reporte se evalúan los resultados de la elección de presidente municipal en Iguala en 2012 y la comisión especial afirma que Abarca restó en lugar de sumar votos, pese a haber triunfado.
El documento, firmado por Pablo Gómez, cuestiona la decisión de otorgar una candidatura externa y sugiere presiones ajenas al partido.
"¿Por qué se prefirió a un candidato externo cuando en la historia del PRD en Iguala no se había presentado ese esquema? Cualesquiera que fueran las posibles respuestas a estas interrogantes, quedaría abierta la más inquietante de todas, la cual consiste en una posible intervención del grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos como factor en la candidatura de Abarca".