México.- En una sesión de más de 12 horas, se aprobó el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pero la iniciativa no ha dejado buen sabor de boca a todos los legisladores. 

La reforma pretende instrumentar la política pública de combate al delito, del que derivan sanciones administrativas para servidores públicos y particulares. 

Pero las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM) impidieron que se modificara el Artículo 108 de la Constitución para retirar la inmunidad al titular del Ejecutivo

Y tampoco aceptaron que se eliminara el fuero de altos funcionarios, por lo que, si se pretende llevar ante la justicia a gobernadores, alcaldes y legisladores, primero será necesario desaforarlos. 

Los opositores al PRI han considerado que esa ley será insuficiente para atacar los abusos, excesos y desvíos de recursos públicos cometidos por funcionarios de los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de Gobierno. 

En la ley que se aprobó con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones tampoco se incorporó la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos. 

Para el senador de Acción Nacional (PAN), Roberto Gil, ?la política seguirá siendo un espacio de impunidad gracias al fuero. No se podrá tocar con el pétalo de una averiguación previa a un político. El Presidente no va a ser sujeto de las leyes de responsabilidad administrativa ni será sujeto del Sistema Anticorrupción". 

En tanto, el perredista Armando Ríos Piter consideró que "esta reforma se queda corta para responder a los millones de mexicanos que, así como vieron la Colina del Perro -residencia del ex Presidente José López Portillo-, hoy se indignan con la 'Casa Blanca'". 

La reforma ya fue turnada a los Congresos de los estados para su discusión y eventual aprobación.