México.- ?La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación y en un contexto de impunidad.? La premisa forma parte del informe que presentará el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura, Juan Méndez durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2015, tras sostener una visita a nuestro país en abril y Mayo de 2014.

De acuerdo con el documento obtenido por el diario español ?El País? México no cuenta con un registro nacional de casos por este delito. No obstante el representante de la ONU constató que la CNDH documentó 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014, mientras que la Comisión de Derechos Humanos del D.F. recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014. Esta  cifras concluye, Méndez son ?preocupantes? pues a pesar de que la CNDH emitió 223 recomendaciones, no existe una sola sentencia penal que castigue este delito.

Para el Relator de Naciones Unidas existe evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero tambiénhay, dijo,  tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

En otro punto el informe resalta que ?En general las víctimas de torturas y maltratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados.? El texto añade que de acuerdo con una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas que data de 2012 el 57.2 por ciento de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34.6 por ciento declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

Documenta modalidades de la tortura

En su informe Juan E. Mendez, detalla que las personas denunciaron que los arrestos son realizados generalmente por individuos vestidos de civil o encapuchados, sin orden judicial, lo mismo sucede cuando existe una detención en un domicilio pues el ingreso suele practicarse de este modo y se producen daños a la propiedad y robos. Además quienes realizan los operativos, no informan sobre los motivos de la detención.

La detención, de acuerdo con el documento, va acompañada de golpes, insultos y amenazas y una vez establecidos en un sitio, los detenidos reciben golpes con puños, patadas y golpes con palos, ?toques? con dispositivos eléctricos, generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca, suspensión.

En el caso de las mujeres, la tortura sexual incluye desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación sexual reiterada y por varias personas. A decir del relator generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información.

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El documento detalla que en muchas ocasiones transcurren días sin que se informe del paradero de la persona detenida o sea remitida ante la autoridad ministerial o judicial. Además de manera reiterada las víctimas de este delito fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria, lo que constituye en sí un trato degradante.

El Relator Especial supo de casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas padecidas y de casos donde la tortura acompañó ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Conviene recordar que sobre la desapariciónes en su resolutivo más reciente emitido a inicios de febrero de este año el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU concluyó que en nuestro país las desapariciones son generalizadas y permanecen impunes en gran parte del territorio y en varios casos podrían estar involucradas autoridades. Por ello recomendó a las autoridades aprobar las normas necesarias que permitan prevenir y castigar esta práctica.

Llama enérgicamente a eliminar el arraigo inmediatamente

Durante su visita por nuestro país, Juan E. Mendez documentó que más de 8 mil personas fueron victimas de arraigo desde el 2008 y de estas solo el 3.2 por ciento recibió una condena. Pero para el relator Especial esta medida es contraría al derecho internacional y viola el derecho de libertad personal, el debido proceso, y el principio de presunción de inocencia, y expone al detenido a posibles torturas, por lo que llamó enérgicamente al Estado a eliminarlo inmediatamente.

Aunque reconoció que el uso del arraigo ha disminuido recientemente, dijo, aun prevalece esta conducta en el Distrito Federal aunque con un nombre distinto (?detención con control judicial?) y menor duración.

Con información de "El País".