México.- Si bien los militares han sido acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, hay algo más que resulta siniestro: que en crematorios del Ejército incineraron a los estudiantes.

En esa nueva hipótesis científica trabajan los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Atzcapotzalco.

De acuerdo con La Jornada, la indagatoria se centra en los crematorios del Ejército y en privados, donde "probablemente" habrían sido llevados los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desmontando así la versión que dio el pasado 10 de diciembre, la Procuraduría General de la República (PGR) que afirmaba que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula.

"La hipótesis es bastante probable porque los estudiantes pueden haber sido incinerados en crematorios modernos del Ejército o de empresas privadas, con instalaciones suficientemente grandes y con morgue (depósito de cadáveres)", indicó el doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete a La Jornada.

Siguiendo esa pista, los investigadores comienzan a buscar información sobre la actividad de los crematorios militares, no sólo a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino por dos vías más: la fiscal y la empresarial.

"El que nada debe, nada teme. Si el Ejército se comporta dentro del marco constitucional, ¿cuál es el problema para que nos permita revisar la bitácora de uso de sus crematorios y los recibos correspondientes de consumo de gas del año reciente para observar de forma transparente si hubo un incremento en el gasto", indica Montemayor Aldrete.

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Incluso, los investigadores han advertido que buscarán formas de obtener la información, conociendo, de antemano, que el Ejército se puede negar, debido a la falta de transparencia que caracteriza a esa institución castrense.

"Aunque el Ejército no proporcione los datos, se le pide a las compañías que entregan gas regularmente a los campos militares para ver si registró un aumento fuerte entre el 26 y 28 de septiembre o fechas cercanas. Por el lado fiscal, la empresa que vende gas tiene obligación de decir a quién, cuándo y qué cantidad vendió y obligación por cinco años de retener esa información para Hacienda."

La periodista Sanjuana Martínez señala en su nota que en los documentos del doctor Montemayor Aldrete, originario de Monterrey, donde explica detalladamente su hipótesis, se platea que según un estudio del departamento de sustentabilidad, medio ambiente, agua, población y comunidades del gobierno de Australia, el consumo para realizar una cremación humana es de 53.285 kilogramos de fluido.

Ello "significaría que ningún otro cadáver se cremaría allí. Además, implicaría un control que sólo podría ejercer el Estado sobre la crematoría privada, algo muy poco probable. Es más factible el horno del Ejército", sostuvo.

Advierte que "si se llegara a comprobar nuestra hipótesis tendría que aplicarse la Constitución; los culpables tendrían que ser juzgados y aplicada la ley. Es un horrendo crimen y la situación es tan delicada que si dejáramos pasar esto podríamos caer muy fácilmente en un Estado neofascista.

"Todas las fuerzas sanas del Ejército, la Marina y la sociedad tenemos que exigir que esos miembros de las fuerzas armadas que hayan confabulado, junto con gente del gobierno federal para cometer este crimen de Estado, se les haga a un lado y se les enjuicie. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. A mí me podrán matar, pero no me asustan", dijo.

Desde hace unas semanas, el doctor Montemayor asesoara a los padres de los normalistas desaparecidos en una labor de peritaje, para que sus estudios tengan peso jurídico dentro del procedimiento que los familiares de las víctimas siguen en la PGR.

"Este crimen no debe caer en el olvido, no podemos darle vuelta a la hoja. Las armas del Ejército son para defender a la nación y al pueblo", externó el investigador titular del Instituto de Física de la UNAM.