La Secretaría de Salud del Distrito Federal registró 121 mil 934 interrupciones del embarazo. De esa cifra 4 mil 43 procedimientos corresponden a mujeres provenientes de otros estados del país.

Mientras que en la Ciudad de México la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es legal desde hace siete años existen constituciones y leyes estatales que criminalizan, señalan, enjuician, penalizan y encarcelan a mujeres por ejercer el derecho a la reproducción.

En estados como Baja California, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Yucatán se castiga a las mujeres hasta con seis años de prisión si no justifican que la interrupción del embarazo se realiza por violación o peligro de muerte.

En el Distrito Federal la ILE, para aquellas personas que no son derechohabientes o cuentan con Seguro Popular, va de los mil 361 pesos hasta 6 mil 228 pesos, según establece el Tabulador de Cuotas de Recuperación por Servicios Médicos 2014.

De acuerdo con cifras obtenidas por  el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en el periodo 2007-2014, la delegación Venustiano Carranza realizó el mayor número de prácticas (56 mil 919), seguida de Iztapalapa (19 mil 475) y Gustavo A. Madero (10 mil 346).

A pesar de la demanda el Seguro Popular carece de un programa exclusivo a nivel nacional y local y solo atiende a 57.3% de quienes solicitan la interrupción del embarazo.

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El presupuesto destinado a Salud (Ramo 12) asciende a 130 mil millones de pesos. De esa cantidad al Seguro Popular corresponden 72 mil 330 millones de pesos, es decir, el 55% del recurso que representa el 11.5% del Gasto Programable de los Ramos Administrativos. 

Con información de El Universal