El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el cuarto dictamen energético con 333 votos a favor y 125 en contra.  El documento avalado expide las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

También reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Los diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano presentaron ante el Pleno siete mociones suspensivas de 13 que se inscribieron ante la Mesa Directiva, al inicio de la discusión del dictamen de la minuta del Senado sobre órganos reguladores en materia energética, las cuales fueron rechazadas por la mayoría.

Aunque no se prevé que pueda haber cambios al dictamen en la discusión en lo particular, los diputados principalmente de izquierda (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) han registrado alrededor de 469 reservas para proponer cambios a diverso artículos.

La presentación de estas reservas se agruparon en dos temas: Órganos Reguladores, y Medio Ambiente y Utilidad Pública, a fin de conjuntar el mayor número de estas propuestas de cambio en un solo exponente, ya que varias se refieren a un mismo artículo.

Sobre los Órganos Reguladores

El pasado 29 de julio Edmund Gerald Brown, gobernador de California, recomendó a los legisladores mexicanos disponer de mecanismos estrictos para la regulación a las empresas privadas en el sector energético.

“Al cambiar el mercado de energía y tener estas compañías de petróleo privadas, hay que tener una mano dura en regulación o se los van a comer vivos”, destacó.

En el caso de California, donde la empresa Enron provocó una crisis energética que implicó alzas enormes a las tarifas, apagones constantes y una deuda de 10 mil millones de dólares que se sigue pagando, se generó debido a la no regulación de las empresas privadas de manera eficiente. 

Al respecto el legislador priista Marco Antonio Bernal Gutiérrez señaló que "con el nuevo modelo de desarrollo y seguridad energética que establece esta reforma se vuelve indispensable la existencia de órganos reguladores fuertes y autónomos" como los que se proponen en este dictamen. 

El diputado priista por Tamaulipas aseguró que estos órganos reguladores serán lo suficientemente sólidos para vigilar a los entes regulados y asegurar la operación de mercados competitivos. Para ejercer cabalmente sus funciones estas entidades están dotadas de autonomía técnica, operativa y de gestión, así como de personalidad jurídica propia.

Por ello se crea el Consejo de Coordinación del sector energético, como un mecanismo que dé coherencia a la acción de las dependencias del Ejecutivo federal y fundamente la rectoría del Estado en dicho sector.

Los órganos reguladores contarán con facultades para vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a quienes realizan actividades en materia energética. Podrán emitir disposiciones de carácter general para el cumplimiento de sus funciones e imponer las sanciones que se desprendan de hechos que contravengan los ordenamientos vigentes.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá a su cargo regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y extracción de hidrocarburos y licitar y suscribir los contratos que sean celebrados en este rubro.

Por su parte la Comisión Reguladora de Energía deberá regular y promover el desarrollo eficiente de actividades como las de transporte, almacenamiento, distribución de petróleo, gas natural, gas licuado, petrolíferos y petroquímicos.

En tanto que la Agencia de Seguridad Industrial tendrá por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector de hidrocarburos a través de la supervisión y regulación de la seguridad industrial y operativa.

También las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones y el control de los residuos y emisiones contaminantes, con lo cual se asegura la gestión de sustentable de los recursos energéticos y del desarrollo del sector eléctrico.

Con el fin de promover la transparencia y evitar la corrupción de los entes reguladores, éstos funcionarán bajo el principio de máxima publicidad y sus actos y acuerdos de voluntad estarán protegidos por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, promulgada en 2012.

Para evitar la judicialización sobre las resoluciones tomadas por los órganos, se contempla que estos actos no serán objeto de suspensión por parte de los juzgados de distrito y en ningún caso se admiten recursos ordinarios o constitucionales en contra de actos intraprocesales.

Finalmente, con la finalidad de involucrar a la sociedad civil en la formulación de reglas administrativas de carácter general, se crea la figura del Consejo Consultivo para cada uno de los órganos reguladores, el cual tendrá como objetivo contribuir a los procesos de consulta pública en este ámbito.

Con información de Notimex