Ciudad de México.- Legisladores de diferentes partidos coincidieron en que deben fincarse responsabilidades administrativas e incluso penales contra ex funcionarios que aseguraron la muerte de Nazario Moreno, el "Chayo", líder de un grupo delictivo en Michoacán.

Luego de que el domingo fuerzas federales abatieron al presunto delincuente en Tumbiscatío, Michoacán, los legisladores destacaron el trabajo para desactivar a la delincuencia en esa entidad, pero lamentaron la versión de su falsa muerte en diciembre de 2010.

En entrevista, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad Meneses, se pronunció porque la administración del presidente Enrique Peña Nieto no deje sin castigo esta omisión del sexenio pasado.

“Es que no hubiera existido una complicidad de alguien, para reportar a sus superiores de que habían matado a quien no habían matado con el objeto de que esta persona, pudiera estar sustraída de la acción de la justicia", señaló.

Lamentó que no se hiciera de manera correcta el trabajo de combate a la delincuencia, y entonces "evidentemente no se podía actuar correctamente en la acción de procurar justicia".

Fayad Meneses dijo que "si hubo dolo para ocular o mal informar, hay delito que perseguir, seguramente si hay delito que perseguir la autoridad competente -en los próximos días- tendrá que hacer la investigación y decirle a los mexicanos si esto fue así”.

A su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó errores de inteligencia y negligencia en el procesamiento de la información en materia de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

El también secretario de la Comisión de Defensa calificó como una vergüenza del gobierno anterior haber dado por muerto a “el Chayo”, sin haberse cerciorado y al igual que el priista Omar Fayad se pronunció por fincar responsabilidades.

“Es una vergüenza que el gobierno federal de entonces, invente resultados cuando no solamente no son efectivos, sino que permitió seguir operando de manera regular a uno de los grupos criminales más poderosos de Michoacán y en el país", apuntó el perredista.

En su opinión, se mintió a la población y esto implica deslinde de responsabilidades, por lo que el funcionario que dio la información equivocada debe ser sancionado. “No hubo evidencia, no hubo pruebas científicas que lo acreditaron, todo se basó sobre un supuesto”, reiteró.

Por el contrario, la senadora Luisa María Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), declaró que Alejandro Poiré Romero, entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional Pública y secretario técnico del Gabinete de Seguridad, aclaró lo ocurrido con este episodio, lo qué encontraron y se tuvo al alcance en ese momento.

No obstante, expuso que el gobierno actual está en su derecho de iniciar los procedimientos que crea correctos para esclarecer el caso.

“Si ellos creen que deben hacer algún procedimiento, pues están en su derecho. Mire yo creo que en esas condiciones del equipo de seguridad, hicieron lo que estaba a su alcance", insistió.

"Hoy hay declaraciones de Alfredo Castillo -comisionado federal para Michoacán- que dice que hay algún antecedente de que pudo fingirse muerto, con una herida en la cabeza, ciertamente”, comentó la legisladora panista.