En México no se respetan las garantías individuales, reviran ONG Detención en San Salvador Atenco.   Foto: Archivo/Cuartoscuro
 

México.- El respeto a las garantías individuales no es una realidad en México, contrario a los que afirma el gobierno, aseguraron Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

Y es que subrayaron que en lo que van del sexenio que encabeza Felipe Calderón no se han aplicado medidas que sea efectivas a favor de activistas, y tampoco se ha avanzado en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Unos cien colectivos de defensa de los derechos humanos refutaron el comunicado que emitió la Secretaría de Gobernación (Segob)el pasado 7 de febrero, en el que se afirmaba que la defensa y protección de las garantías ciudadanas es la “más alta prioridad” de las autoridades. 

En un comunicado, dado a conocer por el diario La Jornada, las organizaciones independientes pusieron un ejemplo de la “brecha” entre las declaraciones oficiales y la realidad: 

No se han implementado acciones suficientes para cumplir los puntos más importantes de las sentencias de la CIDH ni reparar el daño a las víctimas, como demuestra el caso de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo. 

Y tampoco se han puesto en marcha medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, a pesar de que Gobernación dispone para 2012 de un presupuesto de más de 28 millones de pesos para esta labor. 

Dieron otra prueba de la falta de compromiso del gobierno con los derechos humanos: la “reiterada defensa” del fuero militar, lo que quedó de manifiesto con la impugnación de la sentencia que ordenó al Ejército enviar a la justicia civil el caso de Bonfilio Rubio Villegas, nahua que murió por disparos de soldados durante la revisión de un autobús de pasajeros en 2009. 

Además las ONG resaltaron las violaciones a los derechos humanos en el actual  contexto de la “guerra” contra el crimen organizado no han sido investigadas de forma clara y suficiente. 

En este contexto, consideraron que “mientras el gobierno continúe negando las deficiencias existentes y los retos pendientes, los esfuerzos que se emprendan estarán condenados a no poder revertir una situación que se ha convertido en insostenible”.