México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya tiene en sus manos el caso del perdón fiscal que presuntamente otorgó el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, a empresas cercanas a su administración, su familia y al candidato panista Javier Gándara. 

Los involucrados podrían llegar hasta el Ministerio Públicos por las irregularidades en la fiscalización de la administración sonorense. 

De acuerdo con Reforma, Aristóteles Núñez, jefe del SAT, dijo que se revisa actualmente las presuntas irregularidades reportadas de manera anónima. 

Son 41 empresas, entre ellas las del gobernador Padrés, de su familia y del candidato del PAN a la gubernatura, Javier Gándara, las que se beneficiaron del ?perdón? de impuestos por casi 708 millones de pesos que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda de la entidad. 

Núñez detalló que "se recibieron dos denuncias anónimas a principio de año de que se estaba llevando a cabo la fiscalización de parte de autoridades de Sonora sin seguir la normatividad. El SAT inició la revisión y las evaluaciones están en proceso". 

Detalló que ?en primer lugar, en caso de identificarse que hay contribuyentes que no pagaron lo que les correspondía, el SAT sí puede iniciar auditorías". 

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El responsable del SAT dijo que de comprobarse que la autoridad competente permitió esa situación, puede iniciarse un juicio de lesividad que se lleve en primera instancia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Abundó que igualmente comenzará una investigación contra funcionarios y que es una indagatoria compleja pues cada irregularidad detectada se da notificación a la entidad. 

Asimismo, explicó que se establece la pena o sanción en qué se incurrió, dependiendo de cada caso. No obstante, podría establecerse hasta coalición de funcionarios en el uso indebido de funciones. 

Núñez adelantó que de comprobarse que las autoridades usaron mal las facultades que les da el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, la entidad perderá los incentivos fiscales obtenidos en el año correspondiente. 

Destacó que, con el convenio, las entidades pueden llevar a cabo auditorías a los contribuyentes de su Estado.