México.- Hay trabas para auditar 10 licitaciones que se llevaron a cabo entre 2014 y 2015 en Nuevo León, pese a que se hallaron presuntas irregularidades por más de 200 millones de pesos en ese sector.

Así lo informa Reforma, que destaca que fue el Poder Judicial del estado quien detectó las presuntas transas, sin embargo, integrantes del Consejo de la Judicatura no quieren la auditoría extraordinaria para que se determinen las responsabilidades.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Arenas, realizó la petición en la sesión del 15 de diciembre pasado, y fue aprobada por los otros dos consejeros Hugo Campos y Juan Pablo Raigosa.

"Antes de concluir con lo tocante a la Comisión de Administración, los integrantes de este órgano colegiado facultan al Magistrado Presidente para que proceda a la búsqueda de una reconocida consultora, a efecto de que, lleve a cabo una auditoría extraordinaria", se indica en el acta publicada en el sitio web del Poder Judicial.

No obstante, Campos y Raigosa lo echaron para atrás el 19 de enero pasado.

El corresponsal Ángel Charles señala que en esta ocasión, rechazaron por mayoría realizar esta auditoría, e incluso declararon como información reservada la discusión y omitieron los detalles en el acta.

Reforma tiene documentos que indican que Arenas le advierte a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia la sospecha de las anomalías en 10 compras y les revela que los otros dos consejeros decidieron, sin argumentos, esconder el debate.

Para que se diera entrada a la reserva, los consejeros hicieron referencia a los Artículos 27, 29, 34 y 35 de la Ley de Transparencia, que tienen que ver con dañar el interés público, tratarse de expedientes de averiguaciones y que contenga datos personales.

Ello, a pesar de que en ninguno de los casos encuadra el debate de los consejeros por realizar o no una auditoría.