México.- Las presiones del narco han provocado que empresas que reconstruyen municipios afectados en Guerrero dejen las obras, reconoció la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

"Hay días que la violencia que perpetran las bandas de delincuentes arrecia, y otras veces se calman, pero sí es una situación muy preocupante", dijo Héctor Vicario, delegado de la dependencia en el estado.

Ayer se reveló que hay retrasos en la región de Tierra Caliente en la construcción de viviendas para quienes resultaron damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel, debido a que el crimen organizado controla los trabajos.

Vicario detalló que 4 de 10 empresas que han sufrido extorsiones se retiraron de las obras y tuvieron que ser sustituidas, por lo que en los próximos días, la Sedatu interpondrá demandas penales, pues incluso ya se tienen identificados a los responsables.

De acuerdo con el diario Reforma, este sábado, trabajadores que laboraban en la construcción de viviendas en el Fraccionamiento El Mirador, a las afueras de Chilpancingo, sufrieron un asalto por 3 sujetos que portaban armas largas.

En cuando a las empresas contratadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una fuente de esa dependencia explicó que las licitaciones para obras de reconstrucción son desairadas si están en Tierra Caliente.

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En su nota, Jesús Guerrero relata unu de los casos: Los dueños de una constructora del estado de Veracruz que se inscribió para una obra en el municipio de Cutzamala de Pinzón se sorprendieron de que nadie más compitiera por el contrato.

Una vez que la Conagua se le asignó la obra y estaba a punto de arrancar los trabajos, llegaron los delincuentes para exigirles una cuota del 10% del costo de ésta.

Entonces, el empresario aceptó y les dijo que la obra era una inversión de 5 millones de pesos y que les daría 500 mil pesos, pero los delincuentes le mostraron el documento oficial de la Conagua donde se establecía que la obra que tenía asignada su empresa tenía un costo de 10 millones de pesos.

Obligado, el empresario tuvo que darles un millón de pesos.