La Paz, BCS.- El lunes 19 de diciembre venció la fecha para que legisladores locales continuaran con el proceso de juicio político que al Congreso de BCS le solicitó el XV Ayuntamiento de La Paz, en contra de exregidores y exfuncionarios de la administración pasada.

 Hasta ahora, las comisiones correspondientes no entregaron un dictamen y el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año ya finalizó; ahora existe el riesgo de que la falta de coordinación y acuerdos de los legisladores termine por sepultar el trámite.

Durante 2015, estas personas que trabajaron en el periodo de la exalcaldesa, Esthela Ponce Beltrán, son acusados de actuar ilegalmente y en contra de sus reglamentos, tras actuar a escondidas de la ciudadanía e intentar aprobar el cambio de uso de suelo de unos terrenos a favor del proyecto minero Los Cardones, en la Reserva de Biosfera Sierra de la Laguna. 

La diputada y líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, no sabe si se llamará a una sesión extraordinaria para dar trámite a este proceso en contra del síndico municipal, el secretario general y los regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz.

“Yo creo que hay responsabilidad. A lo mejor legalmente y de acuerdo a lo que los abogados opinan, tal vez, en el tema juicio político las causales no encajan directamente, pero de que hay responsabilidad la hay porque se dieron actos ilegales que atentan contra el bienestar ciudadano, porque se dieron procedimientos no dentro de la normatividad, porque se dieron procedimientos sucios, en lo oscurito, por abajo, queriendo concretar un tema”, dijo la diputada. La diputada del PAN negó una cuestionada falta de interés para emitir un resolutivo en contra de los exfuncionarios. 

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Camilo Torres Mejía, reconoció que este proceso se rige bajo una ley obsoleta, lo que podría ocasionar que el juicio finalmente “no proceda”. También aseguró que los diputados de la XIV Legislatura no han “sabido” cómo resolver este juicio político, por la falta de competencia de las comisiones correspondientes, así como de los asesores jurídicos en la materia.

Con información de Diario El Independiente