Brasil.- El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva había sido nombrado ministro de Presidencia del actual gobierno de Dilma Rousseff el pasado miércoles y un días después, fue investido con el cargo. No obstante y de manera inmediata, dos jueces ordenaron suspender los efectos de la posesión, atendiendo a varias demandas presentadas por partidos y grupos opositores, con ocasión de las acusaciones de corrupción que versan sobre el exmandatario.  

Sin embargo, este viernes se anuló la medida cautelar que impedía a Lula asumir el cargo ministerial. Una decisión expedida por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.

En su decisión, el vicepresidente del tribunal, Reis Fride, argumentó que la corte de Río de Janeiro no es competente para impugnar un acto decidido por la presidente Dilma Rousseff, que sólo podría ser contrariada por el Tribunal Supremo, según un comunicado.

Además, el magistrado Fride consideró que “no le cabe al Judiciario inmiscuirse en consideraciones de carácter político” y valoró que la suspensión del nombramiento de Lula podría acarrear una “grave lesión” al orden público y a la economía, considerando “el riesgo de agravamiento de la crisis político-social que la nación atraviesa”.

Por su parte, y a  pesar de las medidas cautelares, el abogado del Estado, Eduardo Cardozo, explicó el jueves que Lula no dejó de ser ministro y sólo estaba impedido de ejercer sus funciones hasta que la decisión judicial fuera resuelta.

Por tal razón, el expresidente vuelve a ser jefe de gabinete, esto es, la decisión del tribunal carioca, tomada hoy, permitió que Lula volviera a asumir el Ministerio de la Casa Civil, aunque con la oposición “pisándole los talones”. 

Antecedentes 

La oposición argumenta que el nombramiento de Lula tendría como objetivo evitar que el expresidente fuera investigado y eventualmente juzgado por el juez de primera instancia Sergio Moro, que dirige la Operación Lava Jato sobre la trama de corrupción en Petrobras.

El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff niega cualquier acto ilegal y considera inconstitucionales la grabación y divulgación de una conversación con Lula en la que supuestamente se comprobaría que la mandataria busca proteger a su antecesor.

Con información de Notimex e Infobae