Los sindicatos de enseñanza convocaron a un paro general de actividades, a unos días del decreto que considera esencial el trabajo de los docentes y que les obligaba a regresar este miércoles a sus labores tras diez días de paros y huelgas.

Los profesores de secundaria y los maestros de la capital, así como otras ciudades del sur de Uruguay decidieron desconocer el decreto porque viola la legislación nacional e internacional en materia educativa.

Los representantes del gobierno de la coalición de izquierda Frente Amplio y de la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional del Trabajo (PIT-CNT) acuerdan una salida para el conflicto, luego de que se decretará el lunes que la educación pública era un servicio esencial.

El presidente Tabaré Vázquez justificó su decisión aduciendo que los estudiantes tienen derecho a recibir educación, por lo cual los gremios se exponen a sanciones graves de prolongar la huelga para solicitar un aumento al salario mínimo de 1,040 dólares o 30 mil pesos uruguayos y rechazar la propuesta gubernamental de un salario mínimo de 865 dólares o 25 mil pesos.

Sin embargo, el conflicto no es sólo salarial, pues los sindicatos buscan que el presupuesto educativo reciba 6 por ciento del PIB y rechazan la propuesta de obtener un aumento salarial a través del cumplimiento de metas educativas y el compromiso de no llevar a cabo huelgas.

Desde que Vázquez asumió la presidencia el 1 de marzo, la economía presenta señales de desaceleración que se reflejan en las relaciones entre el gobierno y los sindicatos, así como por el incremento de desempleados que suma hasta ahora 7.4 por ciento.

Con información de AP