Bangkok.- Human Rights Watch (HRW) criticó hoy el aumento de la represión, las detenciones arbitrarias y la falta de libertad que se vive en Tailandia a un año del golpe de Estado.
En un comunicado, Brad Adams, director de la ONG para Asia, sostuvo que ?Tailandia es una dictadura política?, con todo el poder en manos de Prayuth Chan-ocha, jefe del Consejo Nacional para la Paz y el Orden, nombre oficial de la junta militar que rige actualmente al país.
Y es que, señaló, a un año del golpe de Estado, el Consejo no hace más que dilatar la fecha para la celebración de las elecciones, que esta semana fue retrasada desde principios de 2016 hasta agosto de ese año para poder celebrar antes un referéndum sobre la nueva Constitución.
El Consejo Nacional para la Paz y el Orden, se dotó de inmunidad, según Adams, con el objetivo de arrinconar a los partidarios de la ex primera ministra Yingluck Shinawatra, inmersa en un proceso judicial por supuesta negligencia.
Las autoridades militares revocaron en la mayor parte del país el pasado 1 de abril la ley marcial, declarada el 20 de mayo del año pasado, pero HRW denuncia que el jefe de la junta sigue teniendo poderes absolutos otorgados por el artículo 44 de la Constitución interina.
Este artículo, le permite tomar cualquier tipo de medida, incluida la supresión de cualquier acto, si considera que está en peligro la seguridad nacional o la monarquía.
Así, Adams también lamentó que al menos 751 personas han tenido que comparecer ante la junta, sobre todo políticos y activistas relacionados con el Gobierno depuesto y la plataforma Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura, más conocidos como los "camisas rojas".
Según la ONG de derechos humanos, decenas de personas han sido sometidas a detenciones secretas e interrogadas en barracones militares, lo que aumenta el riesgo de maltrato y torturas.
La junta, además, ha bloqueado más de 200 páginas webs, dos canales de televisión afines a los camisas rojas, amedrentado a los medios locales y prohibido decenas de eventos públicos, seminarios y manifestaciones.
En los primeros meses, los uniformados incluso arrestaron a decenas de personas por hacer el signo con el puño de los "Los juegos del hambre", por llevar el libro "1984" o tocar el himno de "La Marsellesa" en público.
HRW denunció que la junta también han aumentado las persecuciones judiciales por delitos de lesa majestad, incluido otro activista de los camisas rojas, Thiansutham Suttijitseranee, sentenciado a 25 años de cárcel.
Ante ello, Adams consideró que "los Gobiernos de todo el mundo tienen que presionar a la junta militar para que termine con la represión y restablezca los derechos fundamentales, que son esenciales para una vuelta genuina al gobierno civil y democrático".
Con información de EFE.