México.- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a la que fuera esposa de José Manuel Mireles, Ana Valencia Chávez, por presuntamente haber participado en la comisión de los delitos de lesiones, robo, oposición a trabajos del servicio público que se relacionan con las averiguaciones previas AP/PGR/MICH/A/ 449/2015 y AP/PGR/MICH/U-II/130/2015.

Animal Político detalla que la primera denuncia se presentó ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Agencia única del Ministerio Público Federal con sede en Apatzingán, debido a un adeudo que asciende a más de millón y medio de pesos, que culminó con la suspensión del servicio al domicilio el 15 de julio de este año.

Como respuesta, Valencia junto a un grupo de 60 habitante de Tepalcatepec, irrumpió en las oficinas de la CFE donde retuvo a los trabajadores para exigir que le condonaran los pagos y restablecieran el servicio de electrificación, mientras argumentaban tarifas elevadas como razón para no cubrir el adeudo.

Para confirmar el adeudo diferente peritos se trasladaron al lugar, mismos que fueron retenidos por la propietaria y trasladados a la plaza principal del municipio, donde a los funcionarios se les impidió culminar sus diligencias ministeriales, se les privó de su libertad y fueron agredidos físicamente por los inconformes, hasta que se logró un acuerdo.

Por los hechos se integró de oficio otra Averiguación Previa ante la Agencia Segunda del Ministerio Público Federal de la ciudad de Uruapan por los delitos de lesiones, robo, oposición a trabajos del servicio público en agravio de los ministerios públicos federales.

Pese a los acuerdos alcanzados el 20 de agosto, dos actuarios del Poder Judicial fueron agredidos y retenidos por los manifestantes, los cuales fueron identificados como Elsa Samanta Hernández García e Ismael Solano Pacheco quienes están adscritos al Juzgado Segundo Civil con sede en Apatzingán.

Los actuarios notificarían a la deudora sobre el caso mercantil promovido por la CFE, sin embargo fueron retenidos y en esta ocasión acudió al lugar el secretario técnico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán para que se liberara a su personal.

El monto de deuda supera los 120 millones de pesos, por ello el 25 de noviembre la Delegación de la PGR en Michoacán planeó una reunión con autoridades estatales y federales para determinar el plan de acciones a seguir.