Dunia Ludlow Deloya[1]

Cada año, en la ciudad de México, se requiere construir al menos 40 mil viviendas nuevas y realizar 30 mil acciones de ampliación o mejoramiento. La demanda insatisfecha genera el encarecimiento del suelo y el desplazamiento anual de 100 mil personas a una periferia cada vez más remota, a dos o tres horas de distancia, por la cual sus habitantes gastan hasta 60% de sus ingresos. Se trata de un problema de raíces profundas, pues estimaciones oficiales señalan que más del 60% de esta ciudad se ha edificado por procedimientos informales.

No se trata de construir viviendas a cualquier costo. Es necesario ?como lo ha señalado la diputada Margarita Fisher? aplicar los principios del urbanismo sustentable. Es decir, lograr que los nuevos espacios habitacionales se integren a una adecuada planeación urbana, ambiental y social; asegurarnos que la expansión urbana responda a las necesidades de la transición demográfica y que amplíe sus beneficios a los grupos más vulnerables.

Es una ecuación compleja, cuya solución definirá el tipo de ciudad que tendremos en los próximos lustros. Las leyes vigentes en la ciudad de México están rebasadas, pues no cuentan con los mecanismos adecuados para atender todos los factores involucrados. Necesitamos una nueva Ley de Vivienda para el Distrito Federal; y requerimos actualizar y armonizar todas aquellas normas que incidan en el desarrollo urbano y la protección del ambiente.

La muestra más evidente de este rezago es el debate en torno a la norma 26, la cual fue suspendida por el Gobierno del Distrito Federal hace dos años. Esta norma regula la construcción de vivienda de interés social, la cual puede ser de hasta 65 metros cuadrados y con un valor de venta inferior a los 709 mil 450 pesos.

La aplicación de la norma y su suspensión ha generado múltiples irregularidades. Funcionarios públicos, legisladores y académicos han hecho múltiples llamados para sancionar a los culpables, pero sobre todo para superar el escollo jurídico y construir una nueva política pública en materia de vivienda.

Para encaminar la colaboración interinstitucional, social y política que se requiere, resultó muy satisfactorio haber presidido la instalación de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del DF el pasado 6 de noviembre. Ahí estuvieron presentes legisladores de diversas posturas ideológicas; académicos, y funcionarios encargados de dirigir a organismos federales tan relevantes como la Comisión Nacional de Vivienda y el Fovissste; así como de instituciones locales como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y del Instituto de Vivienda. No menos importante fue la presencia de comités vecinales y ciudadanos.

Como presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF me siento muy entusiasmada y comprometida para emprender esta labor de renovación y armonización legislativa; estoy segura que existe la altitud de miras y la disposición para mantener una ambiente cordial y de colaboración entre las instituciones y los equipos de trabajo involucrados.

Tenemos enfrente una ecuación muy difícil de resolver, pero la suma de nuestras experiencias y el trabajo honesto y profesional serán nuestras mejores herramientas. Podemos hacerlo bien; la participación de todas las instituciones mencionadas en la instalación de esta Comisión es un augurio de que obtendremos excelentes resultados.

[1] Dunia Ludlow es Diputada en la Asamblea Legislativa del DF. Es Maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España.