Para hacer frente a las crecientes dificultades de movilidad en la ciudad de México, no es suficiente ampliar las vías y actualizar la ley. También es necesario impulsar, de manera decidida, una nueva cultura vial. Esto significa fomentar una participación informada y solidaria de los ciudadanos. Aquí radica una de las principales fallas del nuevo Reglamento de Tránsito.

Las autoridades del Distrito Federal hicieron una apuesta elevada por la tecnología, pero están descuidando la aceptación de las normas por los automovilistas. La imposición de infracciones viales a larga distancia y la validación de las mismas a través de mecanismos poco claros, están creando la percepción de que se trata de acciones recaudatorias, no preventivas. La existencia de una concesión y las ganancias que le significan a un particular, genera sospechas sobre un beneficio privado, donde debería prevalecer el interés público.

El pasado 15 de diciembre, con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito, comenzaron a operar 56 equipos de fotomultas en cruceros conflictos de la ciudad. Dichos equipos —de acuerdo con lo informado por la policía del DF— podrían captar hasta 60 mil infracciones al día.

Uno de los principales problemas es que los ciudadanos no tienen vías para inconformarse ante posibles errores o francas arbitrariedades de las fotomultas. En este caso, los automovilistas tendrían que interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, que puede tardar hasta ocho meses en resolverse; como es sabido, para poder acreditar la verificación vehicular (que se realiza cada seis meses) el vehículo no debe tener ninguna infracción pendiente de pago. Es decir, hay que pagar las fotomultas so pena de recibir nuevas infracciones.

Otro gran problema es que el sistema tiene muchos incentivos para imponer multas. Las autoridades policiales del DF informaron que la empresa concesionada, Autotraffic, recibirá una contraprestación de 46% de las infracciones pagadas. En el contrato firmado se establece que la cantidad de fotomultas mínimas mensuales será de 150 mil, es decir, 4 millones 200 mil infracciones durante dos años y cuatro meses de duración del mismo. Todo ello redundará en un pago a esta empresa por 173 millones de pesos.

También hay que mencionar que este sistema es inequitativo, pues la tecnología y las bases de datos disponibles sólo permiten cobrar las infracciones a los autos con placas del DF. Como es sabido un alto porcentaje de los vehículos que circulan en esta capital tienen placas de alguna otra entidad del país, principalmente del Estado de México.

En la Asamblea del DF ya hubo pronunciamientos para que la Secretaría de Seguridad Pública aclare los términos del contrato, explique por qué el Gobierno del DF no cuenta con esa tecnología que permitiría ahorros a las autoridades y evitaría supuestas prácticas recaudatorias en beneficio de particulares.

Mientras ello no ocurra, continuarán las dudas sobre la capacidad tecnológica y de recursos humanos del gobierno de la ciudad para aplicar el nuevo reglamento; las sospechas seguirán dañado la de por sí deteriorada relación entre ciudadanos y autoridades; se mantendrá el riesgo de tener un reglamento que no fomenta ni respeta la cultura de la legalidad; y subsistirán las acusaciones por acciones que fomentan la impunidad más que la cultura vial, por la existencia de arreglos económicos que más bien parecen un negocio.

Por todo ello es urgente dar a conocer y revisar las condiciones y contenidos del contrato que se firmó con Autotraficc; propiciar la transparencia y la rendición de cuentas en un tema que incumbe a todos los ciudadanos, lo cual es el primer paso, ineludible, para generar una nueva cultura de la legalidad y una nueva participación ciudadana.