A siete días que concluyan las campañas federales y locales, candidatos y partidos se preparan para la jornada electoral en un contexto envenenado por grabaciones ilegales, investigaciones periodísticas que revelan presuntos actos de corrupción, amenazas de impugnación por compra o adquisición ilegal de tiempos en radio y televisión, y posibles rebases de topes que ya se anuncian como instrumentos políticos para inhabilitar a los contrarios.
La elección se presenta en dos niveles. En lo nacional, las encuestas coinciden en dibujar un panorama donde el PRI se mantendría como el grupo parlamentario con más diputados, seguido de cerca por el PAN que recuperaría parte del terreno perdido en 2012. A pesar de la amenaza que representa la ruptura con AMLO, el PRD podría ubicarse como el tercer lugar, salvando de esa manera al partido de una catástrofe más que anunciada.
El cuarto y quinto lugar se disputa entre Morena y el Verde respectivamente, quedando en el ambiente dudas sobre los efectos que tendrán en el PVEM las multas millonarias que han sido impuestas por las autoridades electorales. Todo apunta a que el feudo de López Obrador irrumpirá como una fuerza política relevante rumbo a 2018.
Si se acepta que, salvo cambios bruscos de último minuto, la próxima Cámara de Diputados mantendrá al partido del gobierno como la primera minoría, pareciera que el ?calor? de la elección se concentrará en un segundo nivel: las elecciones estatales. La lucha por las gubernaturas es la que ha atraído la atención de medios y electores.
Como ha señalado mi colega José Cárdenas en las páginas de Excélsior, a pocos días de que los ciudadanos vayan a las urnas, la competencia en seis entidades federativas se ha cerrado, generando alicientes de todo tipo para que los jugadores vayan construyendo sus estrategias de impugnación en caso de que los resultados no les sean favorables.
Como he señalado en este espacio, el nuevo diseño legal que incorpora causas de nulidad inéditas en contiendas donde la diferencia sea de menos de 5% entre el primero y segundo lugar, es un incentivo perverso para desconocer resultados, transfiriendo al INE y al Tribunal la responsabilidad de revisar las pruebas de las posibles violaciones, generando en paralelo un entorno de gran exigencia y chantaje político.
Como es sabido, nuestro sistema electoral aún se encuentra en un periodo de pubertad política que se caracteriza por desconocer sistemáticamente los resultados cuando estos no corresponden a las expectativas construidas. La ?deslealtad democrática? de diversos actores ya ha sido motivo de crisis y conflictos desde 2006, reiterándose en procesos locales subsecuentes.
BALANCE
Muchas de las modificaciones que se incorporaron a la Reforma Electoral 2013-2014 vinieron precedidas de la insatisfacción manifiesta de los partidos derrotados en la elección presidencial, quienes molestos por los resultados, incorporaron nuevas causales de nulidad en contiendas cerradas. No obstante, como lo ha reconocido el senador Miguel Barbosa, la reforma ha sido insuficiente para enfrentar la desconfianza endémica y las trampas que caracterizan a nuestra democracia, abriéndose desde ahora la posibilidad de una nueva serie de cambios.
Es previsible que ante la alta competencia de la mayoría de las elecciones estatales, tengamos un amargo proceso postelectoral, que infringirá una presión desmedida sobre nuestras autoridades electorales, transformando los meses por venir en un áspero litigio jurídico, mediático y político donde las impugnaciones estarán a la orden del día. Será un verano caliente.
Twitter:@pacoguerreroa65