Uno de los objetivos de Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno de la ciudad de México es dotarla de su propia Constitución y volverla un estado más dentro de la Federación, lo cual le brinde un margen de maniobra mayor a la capital del país en cuanto a la toma de decisiones de índole política y económica.
Aunque necesaria la reforma política, el momento que vive México parece no ser al adecuado para dotar de mayores libertades a una ciudad que depende en buena medida de la ayuda del Gobierno Federal en todos los ámbitos, pues si se considera a la capital mexicana una isla en materia de seguridad a nivel nacional, es debido a esa cercanía que se tiene entre ciudad de México y Federación por encontrarse los tres poderes en la entidad que gobierna Miguel Ángel Mancera.
La reforma política a la ciudad de México empata justo en el momento en que la estrategia de seguridad en Michoacán y Guerrero empieza a mostrar el fenómeno de “expulsión” y “avecinamiento” de los grupos de delincuencia organizada en otros sitios, ya que al estar siendo presionados en ese par de estados, la solución por parte de ellos será huir a otros donde no exista vigilancia Federal. Dicho escenario es visible en zonas amplias del Estado de México y la frontera de Jalisco con Michoacán, donde la extorsión y el secuestro son las modalidades favoritas del crimen organizado.
La Asamblea Legislativa antes de aventurarse en la propuesta de Mancera, debe discutir una posible remunicipalización de la capital mexicana; en un Distrito Federal hay sentido práctico para que existieran 16 delegaciones políticas, pero siendo un estado más con dimensiones reducidas en comparación al resto, además de ser mayoritariamente urbano, el contar con 16 municipios solamente propiciará mayor corrupción y desorden en materia de seguridad, ya que no sabemos si la policía se dividirá en municipios y cuál será su margen de maniobra; no sabemos qué ocurrirá con la policía bancaria que tiene funciones de apoyo a los miembros de seguridad en la capital mexicana. La lógica indica que cada nuevo municipio contará con su cuerpo de seguridad propio, lo cual de inmediato hace pensar en la facilidad para corromper a los mandos superiores de cada demarcación, en especial las periféricas que comparten una larga frontera con el Estado de México, ya que hoy con un mando único que atiende a la totalidad de delegaciones el problema de corrupción en policías de tránsito y seguridad es considerable, después del ya mencionado cambio político se multiplicará por 16.
Nadie ha planteado mecanismos para reordenar políticamente a la ciudad de México en caso de contar con una Constitución propia, debido a que la mayoría perredista y la posible inclusión de MORENA como segunda fuerza política desean conservar los territorios tal cual como se encuentran en la actualidad, ya que es mucho más fácil repartir un botín de 16 piezas que uno con menor cantidad. Lo ideal para reducir la carga burocrática, hacer frente al problema de inseguridad que rodea a la ciudad de México, solventar problemas como la vivienda, agua u otros servicios básicos es reducir la cantidad de Delegaciones de 16 a 4 o 5.
La real discusión de la reforma política a la ciudad de México pasa por el punto de regionalizar y hacer frente a la amenaza de violencia proveniente del Estado de México; en caso de no considerar ese par de factores, la capital del país se verá inmersa en la misma dinámica que sus vecinos territoriales.