Tenemos la oportunidad de que la Constitución de la Ciudad de México sea la primera en realizarse con perspectiva de género. Sin embargo, también existe el riesgo de que haya regresiones en materia de derechos sociales. En particular, es posible que algunos sectores pretendan ignorar las conquistas logradas por las mujeres capitalinas; es probable que quieran minimizar la lucha femenina por alcanzar mejores niveles de bienestar, por evitar la discriminación y por tener condiciones de igualdad frente a los hombres.

Por ello la semana pasada llevamos a cabo el foro “Mujeres en la Constitución de la Ciudad de México”, como un trabajo conjunto de las comisiones para la igualdad de género de la Asamblea Legislativa del DF y el Senado. Fue un primer paso para crear una corriente de opinión y de acción social, a favor de que este instrumento rector en efecto se realice con una perspectiva de género y que se protejan y fortalezcan los derechos conquistados por las mujeres (la grabación del foro está disponible en www.canaldelcongreso.gob.mx).

Para alcanzar este doble propósito, en este evento se dijo que es necesario colocar el tema de la violencia contra las mujeres en el centro de la nueva Constitución. Asumir una disposición humilde por aprender y tomar los mejores modelos del ámbito internacional y de las experiencias subnacionales.

Con esta base y con esta actitud se debe revisar la propuesta constitucional, para lograr que todo el texto tenga un contenido transversal de género; desde su exposición de motivos, en su articulado y en sus artículos transitorios. Sin embargo, una de las batallas más decisivas será defender los derechos ganados por las mujeres en esta ciudad, tales como la interrupción legal del embarazo (ILE); el tipo penal del feminicidio; y los derechos reconocidos a la diversidad sexual.

Estamos hablando de conceptos jurídicos que, en verdad, salvan vidas y definen una auténtica pedagogía para la tolerancia y la lucha contra la marginación social. En materia del ILE, por ejemplo, esta ciudad fue vanguardia en 2007 cuando se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas. Para 2014, casi 120 mil mujeres se habían beneficiado de esta medida, con lo cual se evitó la hospitalización o la muerte de miles de ellas. El 27% de las mujeres beneficiadas son de otras entidades, principalmente del Estado de México; y 85% de los servicios se realizaron con medicamentos.

La otra cara de la moneda es que el aborto clandestino ha llegado a ocupar la quinta causa de fallecimientos femeninos en el país y arroja ganancias millonarias para quienes se dedican a ello. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, estamos hablando de 100 millones de dólares anuales. Cuando el aborto está penalizado, sólo quienes tienen buen nivel socioeconómico acceden a prácticas seguras.

En el foro también se expresó que en México se producen alrededor de cien mil abortos al año, la mayoría de ellos clandestinos. Este carácter impide dimensionar el tamaño real del fenómeno. En 2005, un estudio realizado por la UNAM, reportó que anualmente ocurren en el país cerca de un millón de abortos.

Insisto, son principios que en realidad salvan las vidas de miles de mujeres, pero que también tienen una fuerte carga ideológica. Víctor Hugo Círigo, quien como legislador impulsó esta reforma en el DF, fue uno de los invitados a este foro. Narró —entre otras cosas— que en los momentos de aprobar la despenalización del aborto se vivió mucha tensión y que algunos legisladores recibieron llamadas intimidatorias.

Esta beligerancia puede resurgir en los próximos meses. Por ello, quiero reiterar mi compromiso por participar, vigilar y proponer la paridad y la igualdad de género en la Constitución. Las y los invito a que estemos muy alertas y que sumemos esfuerzos y acciones. Ni un paso atrás en las conquistas logradas por las mujeres.