Federico Reyes Heroles, fundador de Transparencia Mexicana, señaló que el presidente Peña Nieto reaccionó audazmente dando un ?golpe de mano? al designar a Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública. Es justo reconocer que el titular del Ejecutivo se adelantó a los partidos, tomando medidas ejecutivas en el marco de sus facultades constitucionales. Con esta acción todos los actores políticos están obligados a dejar a un lado la retórica y comprometerse a construir una solución estructural al problema de la corrupción.
A pesar del escepticismo, hay que reconocer que no se tiene precedente de que un Presidente de la República haya decidido abrir un expediente para determinar si hubo o no conflicto de interés en los contratos asignados por las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal a las empresas que celebraron compraventa de inmuebles con su esposa, con el secretario de Hacienda y con él en lo particular.
El propio Presidente ha reiterado desde hace varios meses que en el ejercicio de sus funciones se ha conducido con imparcialidad y apego a derecho. No obstante, el pasado martes aceptó que pese a sus aclaraciones puntuales está consciente de que existen señalamientos que han generado ?la apariencia de algo indebido?. El reconocimiento de que estos hechos requieren de una solución definitiva, que se exprese en los resultados de la investigación, es un gesto que busca generar confianza y transparencia ante los cuestionamientos nacionales e internacionales.
Si bien, la designación del exconsejero del IFE ha despertado un intenso debate entre analistas, expertos y dirigentes partidarios, el lance del Presidente ha logrado que el tema se ubique como un asunto de alta prioridad, que abre una ventana de oportunidad para discutir una política de Estado que necesariamente tendrá que acompañarse de un amplio consenso si en verdad queremos trascender la politiquería y las mezquindades propias de las campañas electorales.
Fiel a su rol de oposición, el PAN y el PRD han criticado con severidad las medidas del Ejecutivo. Sin embargo, ambos deberían reconocer que han sido incapaces de construir un proyecto legislativo para atacar la corrupción en los últimos dos años. Sus propios escándalos,que se extienden desde los moches blanquiazules hasta la catástrofe de la Línea Dorada del sol azteca, pasando por la ?pareja imperial? de Iguala, les han restado autoridad moral para transformarse en impulsores legítimos de medidas en la materia. En pocas palabras, no han predicado con el ejemplo.
La estrategia presentada por Peña Nieto ha recibido el reconocimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien en voz de Rolf Alter, director de Gobernabilidad de la Organización, sostuvo que las medidas anunciadas van en línea con las mejores prácticas internacionales, adelantando que en breve se firmará un Memorándum de Entendimiento para seguir trabajando en el futuro.
En la misma dirección, Antonio Mazzitelli, representante regional de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, reconoció como positivas las medidas, señalando que para que éstas sean efectivas es indispensable que las distintas fuerzas políticas en el Congreso complementen la labor con un paquete legislativo de gran calado que rediseñe nuestro orden legal desde la raíz para combatir efectivamente la impunidad y la corrupción.
BALANCE
Virgilio Andrade es un abogado serio acostumbrado a tomar decisiones difíciles en un contexto de amplia discusión democrática. Su paso por el IFE lo curtió contra las presiones y las miserias de la política. Su principal reto, a pesar de las descalificaciones y las críticas dolosas, será cumplir con sus obligaciones en el estricto marco de la ley.
En medio del proceso electoral, es urgente que las fuerzas políticas vean más allá de sus ganancias inmediatas y tengan la capacidad de refundar los instrumentos institucionales para combatir la corrupción tal y como lo hicieron con la democracia hace 25 años que fundaron el IFE. El Presidente ya lanzó su espada en prenda. Ahora l@s legislador@s tienen la palabra.
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