Ha sido un proceso electoral lleno de amenazas y peligros. Las malas noticias no quieren dar tregua a los electores, empecinándose en hacerse progresivas y extendiéndose en territorios donde la violencia no había estallado de manera estentórea. Le toca, ahora, a Jalisco ser víctima del desafío del narco al Estado mexicano, en una serie de acciones que, seguramente, tendrán efectos múltiples en las campañas que se desarrollan en la entidad.
Lo que estamos viviendo es producto de un proceso lento y sostenido de degradación social, que se extendió durante los 12 años de gobiernos panistas y, en este momento, hace crisis a la actual administración, que busca acabar con los cárteles más peligrosos en operaciones de efectos delicados, tanto para la convivencia como para la realización de las elecciones.
En Guerrero, las campañas locales y federales se han ?ensuciado? por diversos factores. El malestar de la sociedad y la manipulación de grupos de interés se han intensificado a la luz de los trágicos eventos de Ayotzinapa, amedrentando genuinamente la realización de la jornada electoral en algunos municipios, en un escenario que coloca al INE en una situación de riesgo, ya que mejorar las condiciones de tranquilidad y paz social no es parte de su función constitucional.
A una atmósfera contaminada por las presiones de la CETEG y el Movimiento Popular Guerrerense se ha sumado el brutal asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato de la coalición PRI-PVEM en Chilapa, ciudad que se encuentra a menos de una hora de la capital Chilpancingo.
Ante la incertidumbre sobre las causas del homicidio, todas las fuerzas políticas han hecho una condena unánime que refleja el ?estado de excepción? de facto que vive la entidad. En este entorno, hacer recorridos y actos de campaña resulta verdaderamente anticlimático con una población que vive en el terror cotidiano, producto de las disputas entre dos grupos de narcos rivales que se pelean el control de la plaza sin consideración para sus habitantes.
Aunque no existe evidencia de que la delincuencia organizada tenga como objetivo central alterar el orden durante la jornada electoral del 7 de junio,tanto en las 17 elecciones locales como en el proceso federal en todo el país, sus embestidas en distintas regiones sí alarman a los votantes generando una sensación de zozobra que podría ocasionar una gran abstención. Durante los peores años de la ?guerra contra el narco?, a pesar de las dificultades e intimidaciones para el personal del Servicio Profesional Electoral, el IFE pudo sortear los obstáculos conduciendo las etapas preparatorias, facilitando, razonablemente, el desarrollo de las campañas e instalando todas las casillas correspondientes.
BALANCE
En la actualidad, si bien las zonas de influencia del narcotráfico se han modificado, las autoridades electorales enfrentan nuevos ?catalizadores? para el crimen que hacen de este proceso electoral el más riesgoso de nuestra historia. La mezcla de disputas territoriales del narco, sumadas a la obligación de desahogar campañas en lugares tan desolados, hace necesario que las autoridades, en todos los niveles, dupliquen su apoyo al INE y a los organismos locales para enfrentar los actuales peligros.
Desde Guerrero, pasando por Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, no podemos permitir como nación que el clima de violencia y amenazas, que caracterizan al narco, se extienda a la jornada electoral. Con sus limitaciones, los comicios son la única manera civilizada de zanjar nuestras diferencias. Garantizar elecciones en un ambiente de paz es responsabilidad de todos. El INE no puede solo.