Un tema central para el diseño constitucional de la nueva Ciudad de México, es definir cómo atender la demanda creciente de vivienda; y en particular, cómo incrementar la oferta de espacios dignos, adecuados y accesibles para los sectores de más bajos ingresos.

De acuerdo con datos oficiales, cada año se requieren en esta ciudad 52 mil viviendas nuevas y 18 mil acciones de mejoramiento. La demanda insatisfecha genera el encarecimiento del suelo y el desplazamiento anual de 100 mil personas, principalmente de bajos recursos económicos, hacia una periferia cada vez más remota. Con recorridos de dos a tres horas de distancia, las personas llegan a gastar hasta 60% de sus ingresos.

Es un problema que afecta la calidad de vida de las personas y la competitividad de esta urbe. La demanda insatisfecha de vivienda aumenta el hacinamiento, encarece el suelo urbano, incrementa la invasión de predios y crece la presión sobre las áreas de reserva ecológica.

Como una vía para atender esta problemática, en 2005 se emitió la Norma General de Ordenación 26, a fin de regular e impulsar la construcción de vivienda de interés social, la cual puede ser de hasta 65 metros cuadrados y con un valor de venta inferior a los 709 mil 450 pesos.

Sin embargo, dicha norma fue suspendida desde 2012, debido a múltiples irregularidades; tales como la falta de correspondencia entre el uso de suelo autorizado y las edificaciones realizadas; así como reventas con precios que multiplicaban el tope original. En la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial existen 137 procesos de investigación que involucran la aplicación de esta Norma.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha mantenido una posición ambigua. Ha señalado la necesidad de reactivar la construcción de vivienda de interés social, pero su gobierno no ha castigado las irregularidades cometidas; no ha dado a conocer el análisis técnico-administrativo que procedía luego de la suspensión de la Norma; y ha acusado la falta de voluntad política en la Asamblea Legislativa.

Ante ello, en la ALDF estaremos realizando mesas de trabajo públicas, para poner a discusión lo que consideramos deben ser las grandes líneas de solución, tales como establecer procedimientos para evitar las reventas; definir sanciones claras y expeditas por la violación de la normatividad; asegurar el beneficio legítimo para los desarrolladores; y ampliar las posibilidades para el uso del suelo disponible. Debemos iniciar un debate serio y responsable; para hacerlo bien requerimos que el gobierno local tenga voluntad, que exprese una posición clara y aporte la información necesaria.

Una vivienda digna y sustentable puede convertirse en el núcleo de una adecuada planeación urbana. Una vivienda digna es un derecho de todos los mexicanos —consagrado en la Constitución— y puede y debe convertirse en el eje articulador de la construcción y mejoramiento de nuestra gran ciudad.