La Asamblea Legislativa del DF está en el ojo del huracán. Desde el ámbito político esta semana se cuestionó de manera central la asignación de las comisiones y otros grupos de trabajo. Desde el mirador académico se subrayó, una vez más, la falta de transparencia en el ejercicio del presupuesto. Son críticas que deben ser atendidas cabalmente. Para las cuales debemos ofrecer respuestas claras y oportunas; pero también debemos actualizar el marco normativo y el diseño institucional de la ALDF, para generar respuestas definitivas a estos cuestionamientos.

Por lo que se refiere al marco normativo, actualmente se está construyendo en todo el país el Sistema Nacional de Transparencia. Es un mandato constitucional que tuvo un primer aterrizaje en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual entró en vigor el 5 de mayo de 2015.

A partir de esta fecha, congresos locales, partidos políticos y todos los sujetos obligados tenemos un año de plazo para armonizar la normatividad local a las disposiciones establecidas en esta ley. Entre otras cosas, debemos prepararnos para establecer procedimientos homogéneos en todo el país, que garanticen el derecho de acceso a la información y crear una Plataforma Nacional de Transparencia. De no ser así, el INAI y los órganos garantes locales tendrán competencia para gestionar las solicitudes y entrega de información pública.

De manera específica, el artículo 72 de esta ley general mandata al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la ALDF a entregar un informe semestral sobre el ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros, de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación. Ante ello, podemos y debemos acelerar los trabajos necesarios para hacer realidad estos mandatos y hacerlo bien.

Por lo que se refiere al diseño institucional, presenté ante la opinión pública, y esta semana lo haré en el pleno de la ALDF un exhorto, a fin de que el Senado de la República apruebe una reforma al Estatuto de Gobierno del DF y se amplíen los periodos de sesiones de la Asamblea Legislativa. Actualmente, de septiembre a diciembre y entre marzo y abril, tenemos 153 días para las sesiones del pleno; es decir, para discutir y aprobar en su última etapa las leyes del DF, aprobar su presupuesto y analizar la glosa del gobierno.

Esta reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados en abril de 2014, de ser aprobada por los senadores, podríamos tener 43 días adicionales para esta etapa del proceso legislativo.

Actualmente está en curso la posible aprobación la reforma política del DF. Sin embargo, la reforma al Estatuto de Gobierno aparece como un camino ya avanzado, que puede ser expedito para mejorar la productividad y calidad del trabajo legislativo.

Un mayor periodo de sesiones podrá establecer mejores condiciones para madurar nuestras propuestas de ley, mayor espacio para la confrontación de las ideas y el debate de los argumentos. Con ello también podremos evitar leyes hechas al vapor, que no cumplen cabalmente con las etapas y los tiempos establecidos para su elaboración, conocimiento y discusión.

Es cierto, estamos en el ojo del huracán. Es decir, estamos frente a ciudadanas y ciudadanos cada vez más documentados y demandantes, tal como debe de ser en una sociedad democrática. No debemos escatimar esfuerzos y recursos para responder a esta coyuntura y al mismo tiempo construir respuestas de más largo alcance.

[1] Dunia Ludlow es Diputada en la Asamblea Legislativa del DF. Es Maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España.