Las autoridades del GDF se mostraron sensibles respecto a algunas sospechas e inconformidades que generó el nuevo Reglamento de Tránsito, y en particular la aplicación de las llamadas fotomultas; sin embargo, como se explica a continuación, no se han atendido diversos cuestionamientos y problemas que siguen afectando a los ciudadanos.

Desde diciembre pasado, las redes sociales y los medios de comunicación recogieron diversos pronunciamientos para señalar la necesidad urgente de que el gobierno capitalino aclare los términos del contrato concedido a Autotraffic, empresa concesionada para operar los equipos que captan las fotografías con las cuales se imponen infracciones a los automovilistas. Incluso algunos diputados pidieron la comparecencia en la Asamblea Legislativa del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), Hiram Almeida.

Ante ello, el pasado 8 de enero el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo suya la necesidad de mejorar la redacción de dicho contrato, a fin de despejar cualquier escepticismo. Dos días después, la SSP informó de la integración de un adendum, con el cual se asienta claramente que no existe un monto mínimo a cubrir a la empresa contratada; que los pagos realizados a la misma serán sobre las infracciones ya cubiertas por los ciudadanos; y que el monto máximo a pagar durante la vigencia del contrato (2015-2017) no podrá rebasar los 173.8 millones de pesos.

Hiram Almeida reiteró que la SSP quedó obligada a entregar a la empresa 46% de las infracciones pagadas, por los conceptos de invasión de carril contrario o confinado; uso de distractores tales como celulares o tablets durante la conducción de un vehículo; circular en sentido contrario; realizar vueltas prohibidas; no respetar semáforos y transportar a menores de 10 años en asientos delanteros.

La aclaración y la decisión de las autoridades son pertinentes y sanas para los ciudadanos. En el fondo se reconoce que se había dejado espacio para la opacidad y que con ello la empresa contratada pudo haber obtenido beneficios indebidos.

Pese a lo anterior subsiste el problema de lo oneroso que resultó el contrato. Según fuentes periodísticas, en otras entidades como Puebla y Jalisco, Autotraffic cobra 100 pesos por cada fotomulta que se aplica por rebasar los límites de velocidad. En el DF podrá cobrar entre 321 y 643 pesos.

El sistema también parece inequitativo, pues las autoridades no han aclarado cómo procederán los cobros para los autos con matrículas que no son del Distrito Federal y, aún más grave, no se ha establecido un procedimiento para desahogar de manera expedita las inconformidades para evitar arbitrariedades o errores del sistema.

Por todo lo anterior resulta alentador el anuncio de que la Auditoría Superior de la Ciudad de México iniciará esta semana una revisión al desempeño de las empresas Autotraffic e Intertraffic, la cual incluirá los procedimientos de contratación, los contratos respectivos y su operación.

Es posible que todo este proceso se haya llevado a cabo estrictamente dentro de la ley. Sin embargo, es necesario emprender campañas de difusión sobre el funcionamiento del nuevo sistema de sanciones; así como hacer efectiva la propuesta del Jefe de Gobierno para transparentar todo lo relacionado con el contrato de las empresas involucradas.

Debemos conocer, cuando menos, si existieron otras ofertas; cuánto tiempo transcurrió para entregar la concesión; para qué se utilizarán los recursos del nuevo sistema y todos los estudios utilizados para tomar la decisión. Es necesario informar a la sociedad de las razones y procedimientos para tomar las decisiones, lo cual dará sentido y utilidad a las políticas de transparencia y rendición de cuentas.