En diciembre pasado se aprobó la reforma constitucional más rápida de la historia, en menos de una semana, después de que se presentó la iniciativa, estaba siendo publicada y promulgada la reforma energética.

Por el condicionamiento que puso el PAN y por los plazos fatales del proceso electoral se tuvo que aprobar primero la reforma político-electoral, y coyunturalmente la reglamentación en materia de telecomunicaciones.

Después de casi 100 días y más de 200 horas de debate en los plenos de las dos cámaras del Congreso de la Unión, esta semana se terminó de aprobar el enorme paquete de reformas secundarias, con 6 nuevas leyes y modificaciones a más de 20 preexistentes, que en conjunto constituyen la legislación secundaria de la reforma de la materia.

Este lunes 11 de agosto estarán siendo promulgadas y publicadas por el Presidente Peña Nieto, con toda la parafernalia de la clase política que ha impuesto el presente régimen (quizá con la ausencia de la izquierda), y estarán vigentes, seguramente, al día siguiente.

Estos cambios constituyen una verdadera revolución para la explotación y producción de energía, con propuestas que se venían haciendo desde hace casi dos décadas. La publicidad oficial nos la quiere vender como la casi “salvación del país”, que bajarán los precios, no solo de los energéticos, sino hasta de los alimentos, que se generarán cientos de miles de empleos y que esto provocará el crecimiento económico y social del país en el mediano plazo.

Este tipo de ofertas y esperanzas no son nuevos en nuestra historia política, y desgraciadamente en muchos casos no se han cumplido, y no tenemos ninguna garantía de que ahora sí ocurrirá.

La reforma es muy amplia y compleja y tiene múltiples puntos controvertidos, pero solo me referiré a uno que no se ha ventilado públicamente, el que tiene que ver con las finanzas públicas,  las cuales han estado petrolizadas desde hace décadas. El presupuesto de egresos de la Federación, que no solo es para el Gobierno Federal, sino que de ahí abrevan en gran medida los estados y municipios del país, ha estado soportado en porcentajes que fluctúan entre el 30% y el 50% de los ingresos petroleros. Y se nos ha dicho que esa es una de las razones principales de la ineficiencia de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Cambiar el estatus jurídico de PEMEX y de la  CFE (Comisión Federal de Electricidad) de entidades paraestatales para convertirlas en el novedoso esquema de empresas productivas del Estado, además de absorber sus pasivos laborales, con el objeto de hacerlas competitivas y que se puedan asociar con empresas privadas internacionales, tienen muchas implicaciones, también en las finanzas públicas nacionales.

Porque no solo dejarán de ser fuente directa del presupuesto federal, sino que sus pasivos laborales pasarán a ser deuda pública, que pagaremos todos, de trabajadores y ex trabajadores que han tenido condiciones de privilegio.

En toda esta vorágine de cambios en la materia no se nos ha dicho cómo se cubrirá este enorme agujero que dejará PEMEX en las finanzas públicas nacionales.

La tan requerida reforma fiscal integral, indispensable en todo Estado Democrático, para que pueda realizar eficazmente todas sus funciones y responsabilidades, ha sido postergada por muchos años, debido principalmente a que la clase política, de todos los partidos, no quiere pagar el costo político que implica; además de que conlleva asumir mayores responsabilidades en términos de eficiencia, eficacia y estado de derecho, trasparencia y rendición de cuentas, y reducir los niveles de corrupción.

Ha sido más cómodo para los gobernantes solventar los gastos públicos con la renta petrolera, y no interesarse en construir un verdadero Estado Fiscal.

Por eso es muy importante tener claro cuál será ahora el destino de los ingresos y productos de las dos principales empresas del Estado, después de que han sido saneadas por decreto legislativo y nos anuncian que serán los pivotes del desarrollo económico.

Como tampoco cómo se cubrirá el boquete que dejarán en las finanzas públicas en el mediano y en largo plazo, sin reforma fiscal como hasta ahora.

Son preguntas que tal vez no solamente me haga yo.