Después de que en diciembre pasado se aprobó en tiempo record (menos de una semana) la reforma constitucional en materia energética (nunca entendí y hasta la fecha el porqué de tanta prisa), el titular del Ejecutivo Federal envió a finales de abril de este año las iniciativas de leyes reglamentarias correspondientes, y hasta los recientes días se convocó a periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para su análisis, discusión y aprobación.

Como condición previa, el PAN puso la aprobación de la legislación secundaria en materia político-electoral, tanto por el Congreso Federal como por las Legislaturas Locales, hecho que se consumó hasta la primera semana de julio.

Por prioridad de agenda legislativa, se aprobó también la legislación respectiva en materia de telecomunicaciones, misma que fue promulgada y publicada por el Presidente de la Republica en días pasados.

Finalmente y después de varios diferimientos se entró al análisis, pero no discusión, contrariando la esencia parlamentaria, en lo general de las iniciativas; sin embargo parece que eso cambiaría cuando se debatan en lo particular las anunciadas más de 3 mil reservas.

Con todo y esas reservas las posiciones de los principales grupos parlamentarios están más que claras: del PRI  y del PVEM defendiendo y apoyando las iniciativas, del PAN tratando de hacer algunos ajustes, pero finalmente respaldándolas, y del PRD y el resto de las izquierdas, rechazándolas.

Pero recordemos que el PRD y las demás fuerzas políticas de izquierda, donde ahora se incluye  MORENA como partido político con registro legal, están promoviendo y realizando los trámites correspondientes, en términos de la Ley Federal de Consulta Popular, para que la reforma constitucional en materia energética sea sometida a referéndum ciudadano, conjuntamente con las elecciones federales y locales el primer domingo de junio de 2015.

Todavía no se concluye el procedimiento para determinar la viabilidad constitucional y legal de la consulta, el cual seguramente terminará con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para saber si se hace o no, y en su caso, en qué términos se haría y sus consecuencias.

Desde luego que el desarrollo legislativo de la reforma constitucional energética no tiene efectos suspensivos respecto de la consulta y su resultado, y que una vez aprobadas y puesta en vigor se aplicarán y se empezarán a poner en práctica con las actuaciones de las instituciones y los servidores públicos involucrados, además de los particulares, nacionales y extranjeros, que seguramente están impacientes para entrar en los múltiples negocios que de las mismas se derivarán.

De ahí deviene una pregunta: ¿Qué pasará con todas esas actuaciones estatales, tanto del legislativo como de las dependencias y entidades del ejecutivo que instrumentarán las reformas, y de los privados que participarán de las mismas, además de los seguramente cuantiosos recursos, públicos  y privados que se involucraran, si la SCJN determina que sí procede y  si en la consulta la mayoría de los ciudadanos votan en contra, como marcan algunas encuestas?

La lógica jurisdiccional y los precedentes similares resueltos por los tribunales mexicanos nos indicarían que todos esos actos, tanto legislativos como administrativos, serían nulos y que se tendría que volver a empezar, tal vez todo, tal vez desde el inicio, dependiendo de los efectos que en su caso le dé le SCJN.

Los costos políticos y económicos que implica lo que resuelva la SCJN  es de enormes proporciones, por todos los intereses que están en juego; como tampoco serán menores las presiones a que estarán sujetos los ministros de nuestro máximo tribunal; esperemos que estén a la altura de esa altísima responsabilidad.