Los demonios siguen sueltos y en lo que va de este inicio de 2015, el crimen organizado y fortalecido del Estado de México asienta sus reales mientras diversos ?grupos sociales? demandan justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa pero provocando a las fuerzas armadas del país.

 En las regiones sur y oriente del Estado de México, como ocurre también en la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, hay una campaña organizada y financiada por cárteles de la droga que piden la salida del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal alegando que están rebasando sus límites, violando derechos humanos y cometiendo crímenes ?de lesa humanidad?.

Para ello se han valido de varios reporteros y corresponsales de medios nacionales, quienes hacen poca investigación pero mucho eco de lo que dicen los narcotraficantes de la región, como lo documentó Milenio el pasado 18 de noviembre:

 ?A través de intervención de comunicaciones, el Centro de investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) han documentado llamadas telefónicas y mensajes de texto dirigidos a periodistas guerrerenses?.

Por eso no es sorprendente que aparezcan aliados ¿involuntarios? Los que demandan la aparición de los normalistas y los grupos delictivos, teniendo como rehenes a los padres de familia que sólo quieren saber qué pasó con sus hijos.

Muchas dudas respecto qué pasó antes y después de la noche en que desaparecieron los normalistas en Iguala, pero es la revista Nexos de este mes la que explica cronológicamente qué hechos sucedieron y cómo se mezclaron los distintos actores y las distintas versiones que hay sobre la desaparición de los normalistas. El reportaje de Estaban Illades es muy claro, porque reproduce lo que han presentado como pruebas y las declaraciones de los más de 40 detenidos por los hechos de Iguala y se puede leer aquí: http://www.nexos.com.mx/?p=23809

Pero hay más actores involucrados y que poco tienen que ver con la demanda de justicia de los normalistas y que se han montado encima de la crisis para sacar sus propios intereses.

No pierdan de vista, porque impactará en la seguridad nacional y la seguridad pública de toda la zona sur y centro del país: ?El noveno tribunal colegiado de circuito en materia penal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitir el acceso de una comisión mixta de abogados, investigadores, peritos y ministerios públicos al interior de campos militares en Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal ?incluido el epicentro de su poder, el Campo Militar Número 1?, para buscar cuerpos enterrados. La justicia quiere determinar si ahí se encuentran los restos de Edmundo Reyes y Alberto Cruz, dos guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en 2007?, según reporta la agencia SIPSE.

Y algo más, la columna de Raymundo Riva Palacio expone a los mismos actores encabezando la ofensiva contra las Fuerzas Armadas:

El abogado visible de los familiares de los normalistas es Vidulfo Rosales, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que según documentos del gobierno federal, ha participado en actos de organizaciones ligadas al Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI). Atrás, discreto e inteligencia, se encuentra otro abogado, Manuel Olivares, el principal asesor en Ayotzinapa, quien tiene un proceso abierto por homicidio.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), filial de la CNTE en Guerrero, dirigida por Ramos Reyes Guerrero, vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la cual pertenecen los líderes magisteriales Taurino Rojas, simpatizante del EPR, Minervino Morán, relacionado al ERPI, y Florencio Andreu Castañeda, de Olinalá, de donde es Nestora Salgado, una activista en la cárcel acusada de secuestro, y en donde se estaba gestando hasta el momento de la detención de la estadounidense originaria de Guerrero, un nuevo movimiento armado.

El Movimiento Popular de Guerrero, el gran frente de masas guerrillero, articula los vínculos a nivel nacional. Varios de sus miembros, como Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, está vinculado al EPR, o Bertoldo Martínez Cruz, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, al ERPI, al igual que Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, de la Organización de Pueblos Indígenas Me?pha. En el movimiento están Eulalia González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia, a la que se señala como parte del ELN, y José Luis Arroyo Castro, del Consejo Cívico Comunitario ?Lucio Cabañas Barrientos?, identificado con Tendencia Democrática Revolucionaria.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, varios de cuyos líderes, como Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero y su hermano Cirino, jefe de uno de los grupos de las policías comunitarias, tienen procesos judiciales abiertos. La UPOEG opera en territorios controlados por la banda criminal de Los Rojos, que fue el objetivo declarado del grupo Guerreros Unidos, cuando atacó a los normalistas en Iguala.

Hasta ahí la cita a uno de los periodistas con acceso a información de inteligencia de este país.

 Quedan en el aire varias preguntas sobre la ofensiva integral que hay detrás de los grupos de interés que se han montado sobre las 43 víctimas de Ayotzinapa y que en algunos otros espacios han ido cuestionando:

 ¿Qué papel está jugando el SME en esta nueva ofensiva, donde en la última Asamblea de Ayotzinapa se detectó su presencia?

¿Qué hay de la versión de que un grupo de ex integrantes del SME se han instalado en la Tierra Caliente de Guerrero, en particular en San Miguel Totolapan, Teloloapan, Arcelia y Ajuchitlán del Progreso bajo el mote de ?LOS NEGROS? y que operan como narcoguerrilla al servicio de las mineras canandienses?

¿Qué tiene que ver el caso Carlos Ahumada Kurtz en toda la crisis de Guerrero, siendo éste el primer operador de la Mina Campo Morado ubicada en Arcelia y la principal proveedora de sustancia de alta cotización para el mercado ilegal minero?

¿En qué quedó el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la longeva narcoguerrilla, en todo este merequetengue?

¿Quién del Instituto Nacional de Migración y de la SEGOB han dado cuenta de las decenas de detenidos centroamericanos en el operativo de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero?

¿Cómo se vinculan los casos Iguala y Tlatlaya y el papel de los delincuentes apodados ?El Pony? y ?El Pez? en toda esta campaña perfectamente orquestada contra el Ejército?

 Postdata

 Lucha contra la corrupción y transparencia, gritan a los cuatro vientos los funcionarios federales. Pero es falso que estén actuando con preocupación por depurar la administración pública de funcionarios corruptos y traficantes de influencias. Un caso que podría escalar, dado que juega un papel importante en el proceso de relanzamiento del campo mexicano y del programa de regularización territorial es el Registro Agrario Nacional, donde Adolfo del Callejo Rivero, director de Finanzas y Administración, tiene varias denuncias por corrupción que han sido congeladas. Además de ser ya un fósil de las administraciones panistas, Del Callejo ha logrado perpetuar a varios de sus amigos y compadres en puestos clave y que jugarán un papel preponderante durante los próximos programas federales para promoción de los sectores productivos del sector agropecuario. El secretario de Desarrollo Agrario, Urbano, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez, antes de aspirar a la gubernatura de Yucatán y tirar la toalla, debería poner orden en el Registro Agrario Nacional, donde Del Callejo tiene varios negocios sin que nadie lo toque, porque el Órgano de Control Interno también es parte de sus dominios.