La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acaba de declarar constitucional la reforma política de la Ciudad de México. Una vez que sea promulgada, el artículo 122 de la Constitución establecerá que “la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa”. Esta nueva autonomía implica, como se muestra a continuación, la creación y elección de un Constituyente y la adecuación de todo el andamiaje político y jurídico de esta gran capital. El reto principal es que todo ello sirva a los ciudadanos.

Esta reforma —que nos llevó décadas— refrenda la capacidad de adaptación del régimen político a las nuevas condiciones de pluralidad que estalla por todas partes. Pero, ¿cómo se materializará la reforma?

Una vez que se promulgue la reforma constitucional, el Instituto Nacional Electoral tendrá 15 días para emitir la convocatoria de elecciones del Congreso Constituyente, el cual recibirá una propuesta de Constitución del Jefe de Gobierno.

El Constituyente estará integrado por 100 diputados: 60 electos por la ciudadanía a través del principio de representación proporcional, en listas cerradas de los partidos con registro en el Distrito Federal y candidatos independientes (que deberán presentar firmas del 1 por ciento de la lista nominal de electores).

Los otros 40 diputados serán designados: 14 por la Cámara de Diputados, 14 por el Senado de la República, seis por el Gobierno Federal y seis por el Gobierno del Distrito Federal. Las elecciones se llevarán a cabo el 5 de junio, de manera concurrente con los comicios a celebrarse en 13 entidades del país.

Morena y PRD han cuestionado la sobre representación que podrían llegar a tener algunas fuerzas políticas. Aunque es temprano para analizar las tendencias electorales en la ciudad de México, lo cierto es que con el diseño aprobado y la fragmentación del voto de los capitalinos, es muy difícil que un sólo partido alcance una mayoría cómoda. Si se toman en cuenta los resultados acumulados para diputados, en las pasadas elecciones ningún partido alcanzó ni siquiera una cuarta parte de los sufragios.

Lo siguiente es lograr que los ciudadanos tomen en sus manos esta reforma. Para ello hay varias vías: es necesario difundir los alcances de la reforma; garantizar que los partidos tengan procesos abiertos para la elección de sus candidatos; y que la discusión de la nueva Constitución se lleve a cabo con argumentos de altura, de manera transparente y sin eludir los foros y medios disponibles para ello.

Una vez que se publique la nueva Constitución, la actual Asamblea Legislativa deberá expedir las leyes inherentes al funcionamiento de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; así como de las nuevas alcaldías. Adicionalmente, le corresponderá legislar sobre los procedimientos electorales aplicables al proceso electoral 2017-2018.

Aquí radica el verdadero reto de la reforma. Debemos asegurarnos que en verdad sirva a los ciudadanos. Por ejemplo, la formación de alcaldías tendrá un costo económico, el cual se justificará sólo si diseñamos un verdadero sistema de contrapesos y rendición de cuentas, que haga más eficientes y expeditas las políticas públicas. En los últimos años se han gastado más de 19 mil millones de pesos en programas sociales, que no han disminuido la pobreza ni en un punto porcentual, sin reglas de operación, opacos y que por si fuera poco han contribuido al deterioro de la cohesión social de la ciudad.

Concluyo: el proceso diseñado para materializar esta reforma parece ser capaz de incluir la pluralidad partidista de esta ciudad; establece los puentes necesarios que debe tener como asiento de los Poderes Federales; y cuenta con mecanismos de transición con las autoridades actualmente electas. Ahora estamos obligados a que todo este proceso contribuya a estrenar una ciudadanía integral: con derechos sociales, políticos y económicos más sólidos para todos los capitalinos.