En México y en el mundo se han llevado a cabo múltiples esfuerzos por construir un nuevo concepto de gobierno; en el ámbito legislativo este concepto se denomina Parlamento Abierto. Durante la semana de la transparencia, realizada en 2014, Paola Palacios lo definió como el Parlamento o Congreso que utiliza las tecnologías de la información y comunicación para redefinir el vínculo con la sociedad, “permitiendo establecer un canal bidireccional que no solo informa, sino que también se retroalimenta de la ciudadanía”. Un parlamento abierto, dice, permite la vigilancia y monitoreo, garantiza el uso y manejo de la información con la que cuenta y hace partícipe a la ciudadanía de las decisiones de los asuntos públicos (disponible en tm.org.mx).

La transformación de los vínculos entre representantes y sociedad se logra, en primer lugar, a través de las normas obligatorias y acciones proactivas para transparentar a estos órganos colegiados. En segundo lugar, cuando se crean las condiciones para un ejercicio efectivo de rendición de cuentas, lo cual significa explicar y justificar el ejercicio de poder; es decir, contar con mecanismos de evaluación.

En abril de este año, doce organizaciones, que conformaron la Alianza para el Parlamento Abierto, presentaron un diagnóstico para evaluar, bajo este concepto, el funcionamiento de los Congresos en el país. Para ello construyeron 10 principios y a partir de ellos desarrollaron 95 indicadores que reflejan su cumplimiento.

Los resultados y los detalles de este diagnóstico se pueden consultar en la página del IMCO (imco.org.mx). Por ahora destaco los siguientes resultados: en la parte alta del cumplimiento se encuentran factores como derecho a la información (84.1%), accesibilidad y difusión (60%) e información parlamentaria (58%). En la parte baja, con muy bajo cumplimiento, se encuentran rubros como datos abiertos (0.3%), legislación a favor de gobierno abierto (3%) y conflicto de interés (16%).

En coincidencia con estos esfuerzos tan meritorios de la sociedad civil, en mayo de este año el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual obliga a todas las instituciones públicas, incluidos los Congresos locales, a realizar una transformación sustancial en la producción, conservación y divulgación de la información pública.

En este contexto, el próximo martes 1 de diciembre, voy a presentar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea del DF en materia de transparencia. En esta iniciativa, junto con los Diputados Ernesto Sánchez (PAN) y José Alfaro (PRI), proponemos adoptar el concepto de Asamblea Abierta, articulado en tres grandes ejes: Bases de datos en formatos abiertos; inclusión de las y los ciudadanos; y relanzamiento tecnológico, para que las tecnologías de la información y la comunicación contribuyan a las labores de transparencia y rendición de cuentas.

Se trata del primer paso de un largo proceso que reclama la participación de todos los partidos políticos, funcionarios, legisladores y por supuesto de la sociedad civil. En la medida de que seamos capaces de recibir y procesar propuestas y que podamos generar un debate amplio en medios y en las redes sociales; en esa medida podremos lograr nuestro objetivo: transformar a la Asamblea Legislativa del DF en una Asamblea Abierta.