Como mencioné en mi columna anterior, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señaló, en su estudio económico sobre México 2015, que nuestro país ha emprendido un importante paquete de reformas estructurales con el potencial de ponerle fin a tres décadas de lento crecimiento, baja productividad, informalidad elevada en el mercado laboral y desigualdad en los ingresos. Según la OCDE, estas reformas podrían elevar la tendencia del crecimiento del PIB anual en un punto porcentual después de cinco años de su correcta implementación.

En este sentido, este organismo internacional reconoce que México ha tomado las decisiones correctas en materia económica. Por ello, planteó la necesidad de una segunda ronda de reformas para reafirmar y asegurar los resultados de la primera.

A juicio de la OCDE, se deben mejorar las instituciones de justicia, consolidar el Estado de derecho, abordar los problemas de seguridad y reducir la corrupción con reformas orientadas a la eficacia de las resoluciones judiciales en materia civil, comercial y penal, así como reforzar la transparencia de las licitaciones públicas.

Por otra parte, la OCDE puso énfasis en la desigualdad que existe en México. A decir del organismo, el elevado nivel de desigualdad ha limitado el acceso de las familias a la educación y a la atención médica de calidad, lo cual afecta las perspectivas de crecimiento de largo plazo. Las reformas recientes ayudarán, pero serán necesarios mayores esfuerzos, advirtió el organismo.

En este sentido, las reformas para combatir la desigualdad en el país deben estar encaminadas a elevar el nivel de educación, promover los servicios de salud, fomentar condiciones laborales más incluyentes y fortalecer la red de seguridad social para los más vulnerables.

Por ello, la OCDE opina que debe mejorarse la equidad y la eficacia del gasto en educación mediante su reorientación hacia la educación preescolar, primaria y secundaria, así como concentrarse en mejorar la calidad de la docencia.

Adicionalmente, las autoridades deben promover el acceso a atención médica de calidad a través de una mayor coordinación entre las instituciones de salud, a fin de reducir las duplicidades en las funciones y aumentar con ello la eficiencia y el uso óptimo de recursos. Fomentar el intercambio de servicios entre redes de atención médica es otra de las recomendaciones de la OCDE en esta materia.

Con el fin de hacer un mercado laboral más incluyente, se deben favorecer una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral formal mediante un mejor acceso de niños menores de tres años a guarderías de calidad, así como ampliar las políticas orientadas al mejoramiento del mercado laboral.

La Organización además urgió a México a aprobar las iniciativas de ley de seguro de desempleo y pensión universal con el objeto de proteger a quienes buscan empleo y a las personas de edad avanzada. Por otro lado, la OCDE considera que se debe expandir al máximo el nuevo programa Prospera, de transferencias de efectivo, para ayudar a sus beneficiarios a ampliar sus capacidades, concluir sus estudios, incorporarse al sector formal y conseguir empleos bien remunerados.

La OCDE estima que la implementación a plenitud de esta segunda ronda de reformas añadiría otro punto adicional al crecimiento económico del país al cabo de 5 años.

En general, estas son las medidas complementarias que la OCDE recomienda efectuar para asegurar que el enorme potencial de las reformas aprobadas no se diluya en el proceso de reglamentación y de implementación. Para ello, será necesario conservar el ímpetu modernizador que permitió el cambio estructural más trascendente del país en los últimos años.

 

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