En Excélsior, en efecto, Jorge Fernández Menéndez da razones muy claras acerca de la absoluta legalidad y transparencia de la compra que, hace años, hizo Enrique Peña Nieto de una casa de descanso en Ixtapan de la Sal. Además, el columnista explica con argumentos muy sólidos por qué, en este caso, no cabe hablar de conflicto de interés. Sintetizo la columna de hoy lunes de @J_Fdz_Menendez:

1.- ?La situación del país debe medirse en torno a una gama de grises?. Pero sobran los que todo lo ven ?a partir de blancos y negros absolutos que, por definición, son falsos?.

2.- Sobre el artículo de The Economist de la semana pasada: Lo publicó la misma revista y lo escribió el mismo redactor ?que hace unas pocas semanas ponía por las nubes los éxitos del gobierno que hoy ve empantanado?.

3.- ?Algo similar sucede con lo publicado por el Wall Street Journal respecto a la casa de descanso del presidente Peña en Ixtapan de la Sal?.

4.- ?En el caso de Ixtapan de la Sal es evidente que el conflicto de intereses no existe?.

5.- La casa fue comprada en 2005, ?antes de que Peña Nieto fuera siquiera candidato a gobernador?.

6.- Por la casa EPN pagó ?poco más de 300 mil dólares que era el valor de mercado de esa propiedad?.

7.- La empresa vendedora pertenecía entonces a Roberto San Román, ?ya fallecido, que es el mayor desarrollador de todo Ixtapan, no son ningunos desconocidos y era público que existía una relación de amistad entre las familias (como con casi todas las familias relativamente pudientes que se asientan en esa ciudad de descanso)?.

8.- Desde 2005 la casa ?figura en la declaración patrimonial de Peña Nieto?.

9.- ?Cuando murió don Roberto San Román, la empresa se dividió: uno de los hermanos, también de nombre Roberto, se quedó con los desarrollos turísticos, incluido el club donde está la casa. Ese es el que es compadre de Peña. El otro, Ricardo, fue el que desarrolló la constructora, que hasta entonces se había enfocado casi exclusivamente en los desarrollos inmobiliarios?.

10.- La parte de la empresa encabezada por Ricardo puso distancia de la parte de la empresa de Roberto y se diversificó a las obras de infraestructura.

11.- ?No es verdad que la empresa constructora haya sido beneficiada irregularmente?. Según registros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa de San Román se le han entregado 12 contratos: ?Cinco ganados en licitación pública, otros cinco en un concurso de invitación restringida y sólo dos de adjudicación directa. Ninguna es una gran obra: la más importante, ganada en licitación pública, es la ampliación del paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende, en Querétaro, es un contrato por 195 millones de pesos. Los únicos dos de adjudicación directa, son para la reconstrucción de 11 puentes rurales en Veracruz, en 2014, destruidos por tormentas. Es de 125 millones?.

12.- Eso hay que analizarlo en el contexto de que, solo en SCT, ?ha habido unos 555 concursos y 125 obras de adjudicación directa, por decenas de miles de millones de pesos?.

13.- ?La empresa de San Román, participó en muchas de esas licitaciones y sólo terminó ganando en doce, ninguna de ellas, por cierto, las obras prioritarias de la administración. No se puede hablar de un trato preferencial?.

14.- ?San Román salió a los medios y transparentó toda la actividad de su empresa?.

15.- ?Y toda esa información estuvo en poder del WSJ. Saber por qué publicó la información con la intencionalidad con que lo hizo es parte sólo de la especulación: por ejemplo, por el enojo de ciertos capitales ligados al negocio petrolero y al partido republicano, con los contratos que se están abriendo hacia sus competidores chinos cuando pensaban que todos los yacimientos del Golfo de México serían suyos".

En otro tema, debo recordar que soy de los que piensan que Felipe Calderón no ganó las elecciones de 2006, sino que se las robó. Y, además, opino que para legitimarse Calderón metió a México en la absurda guerra contra el narco de la que todavía no salimos. Pero si él quiere visitar Venezuela a hacer lo que se le pegue la gana, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, no tiene por qué cuestionarlo y menos en un tono tan amenazante. El gobierno de México debe protestar por el trato tan infame que las autoridades venezolanas le están dando a un ciudadano mexicano.