La responsabilidad del Ejército mexicano en los crímenes de Ayotzinapa es clara. Por ello debe llamársele a interrogatorio público. Si bien el pasado jueves 13 de noviembre el Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), se reunió con diputados integrantes de la Comisión sobre el caso Ayotzinapa, esta reunión fue en privado y, a juzgar por las declaraciones de prensa de los legisladores al final del encuentro, me parece que tanto el tono como el contenido de dicha reunión fueron como un día de campo para el Gral. Cienfuegos[1]. Yo esperaba mucho más de los integrantes de esta comisión. Sea por falta de preparación sobre el caso por parte de los diputados o sea por falta de voluntad política –o por ambas-, mis expectativas sobre los resultados de esta comisión son ahora muy bajas.

Abundan los testimonios sobre la complicidad de elementos del ejército aquella noche. La presencia del ejército en esa zona data de décadas y poco se mueve dentro del territorio guerrerense sin que el ejército se entere; especialmente en la noche del 26 de septiembre de 2014, en la que el ejército tuvo un papel protagónico. Al respecto, véase la declaración de Omar García, normalista de Ayotzinapa sobreviviente del ataque, en entrevista con Carmen Aristegui[2]. En esa entrevista, el testigo describe la complicidad a sueldo que por años ha tenido el ejército mexicano con los cárteles de la droga en el estado de Guerrero y la participación activa de los militares esa noche en los asesinatos y desaparición de los estudiantes –por eso me indigna tanto la timorata actitud de los diputados con el titular de la SEDENA[3].

Es abrumadora la evidencia de que estas prácticas mercenarias del ejército están teniendo lugar en todo el territorio nacional desde hace décadas y que se ha ido agravando en los últimos años[4].

Al día de hoy, la opinión pública tiene fuertes elementos sobre la culpabilidad en este crimen de lesa humanidad por parte de elementos del Estado provenientes de los tres niveles de gobierno, mínimamente: del gobierno federal por medio del ejército mexicano; del gobierno estatal por medio del Gobernador con licencia Ángel Aguirre y de su Secretario General de Gobierno, y; del gobierno municipal de Iguala y de Cocula por medio de policías y funcionarios municipales.

La responsabilidad por estos crímenes de Estado[5] no se limita a los autores materiales directos, pues también –y con más peso aún- incluye a los jefes y otros superiores. Lo anterior lo afirmo con fundamento en el Estatuto de Roma[6], el cual rige la competencia y funcionamiento de la Corte Penal Internacional (ONU 1998), del cual México es signatario desde el año 2005 –y por tanto acepta la competencia de dicha Corte.

La responsabilidad, con base al Estatuto de Roma, recae también en los jefes y otros superiores:

Artículo 28.- Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:

a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

Quien debiera indagar la participación del ejército en este crimen y en la mayor parte de los crímenes a gran escala es la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, parece no estarlo haciendo.

El Senado de la República, en su facultad de órgano investigador del Estado, debe entonces llenar ese vacío y llamar a interrogatorio en sesión pública, mínimamente, a las siguientes autoridades castrenses  –en este orden:

Una vez hecho el interrogatorio, el Senado debe instar al Agente del Ministerio Público respectivo y a la PGR a proceder con base en los elementos recabados por esta investigación.

Aunque en sus discursos los senadores, la PGR y el propio Presidente Peña se desgarren de indignación, de no llamar a interrogatorio público y en su caso procesar, entre otros, a estos personajes castrenses, volverán a enviarle el mensaje a la ciudadanía de que se rehúsan a desempeñar su mandato como servidores del Pueblo y que prefieren ser percibidos por la ciudadanía y el mundo entero como cómplices antes que dejar que la Justicia abra esta Caja de Pandora. Fue el Estado quien perpetró este crimen y es el Estado quien está encubriendo a sus responsables.

[1] Ver nota: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/cienfuegos-diputados-reunion-abordan-ayotzinapa-1054055.html

[2] - Ver video, minuto 7:45 https://www.youtube.com/watch?v=xsiJD3n7s4s

- Ver nota: http://aristeguinoticias.com/3010/mexico/el-ejercito-tambien-esta-involucrado-en-el-ataque-a-normalistas-revela-omar-garcia/

[3] Además, léanse los siguientes testimonios:

-          Ejército presenció masacre a estudiantes de Ayotzinapa sin intervenir: http://www.losangelespress.org/ejercito-presencio-masacre-a-estudiantes-de-ayotzinapa-sin-intervenir/#sthash.n3gHVFcH.dpuf

-          Blog del Estado Mayor sobre la intervención del ejército en contra de los normalistas: http://estadomayor.mx/48206

-          Militar torturado por la Policía de Iguala, antes de caso Ayotzinapa: http://www.losangelespress.org/militar-torturado-por-la-policia-de-iguala-antes-de-caso-ayotzinapa

[4] Véanse:

-          Artículo del diario The New York Times sobre señalamientos oficiales del gobierno de los EUA sobre la complicidad de militares mexicanos con los cárteles de la droga: http://www.nytimes.com/2012/05/30/world/americas/mexican-army-case-adds-to-us-unease-in-drug-war.html?pagewanted=all&_r=0

-          Artículo del periódico ABC de España: http://www.abc.es/internacional/20131108/abci-estados-unidos-narco-mexico-201311071744.html

[5]  O, más precisamente, Crímenes de lesa humanidad por asesinato, privación grave de la libertad física, tortura, persecución y desaparición forzada de personas por parte del Estado, cuya validez del término he fundamentado en otro artículo. Véase: http://www.sdpnoticias.com/columnas/2014/11/10/sr-procurador-ayotzinapa-si-es-crimen-de-estado  

[6] ONU (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Depositado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Documento A/CONF.183/9. 66 pp. Roma.

 http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf