El jueves pasado se llevó a cabo el referéndum por medio del cual  alrededor de cuatro millones de escoceses decidieron si se mantenían como parte del Reino Unido o se independizaban para constituir su propio Estado y dejar atrás más de tres siglos de historia de incorporación.

Sufrieron los británicos, específicamente los ingleses que dirigen el Gobierno de Albión, ante la muy cercana posibilidad de la separación escocesa, pero también la Unión Europea, por los efectos políticos y económicos que ese escenario generaría.

Los resultados arrojaron una clara ventaja de la opción del NO a la independencia con el 55.42% contra el 44.58% de los independentistas, lo que le dio un gran respiro a los partidarios del statu quo británico y europeo.

Hace más una década se realizó un ejerció similar en la provincia francófona de Quebec para independizarse de Canadá, donde también triunfó la alternativa de mantenerse unido a la federación con una diferencia mínima del 51% contra el 49% de los separatistas.

La siguiente cita al parecer será el 11 de noviembre próximo, fecha que tienen prevista los catalanes para definir mediante referéndum, si continúan formando parte de España o se constituyen como Estado independiente. La diferencia problemática o controversial es que el Gobierno del Estado español, con sede en Madrid, se opone rotundamente a que se celebre el mismo, en contra de las autoridades y principales organizaciones sociales y políticas catalanas, que lo vienen promoviendo desde hace casi cuatro años.

Las posiciones española o castellana versus catalana están polarizadas y no se visualiza una salida política negociada, lo que puede provocar un primer punto de ruptura, tan solo por la utilización o no del instrumento y del procedimiento de consulta. Ya veremos las próximas semanas si las élites dirigentes, tanto del Estado español como de la Generalitat de Cataluña, son capaces de resolver políticamente si se realiza o no, institucionalmente hablando, el referéndum independentista.

La consulta independentista catalana se inició el 13 de septiembre de 2009 en el pequeño municipio de Arenys de Munt, donde la opción del SI alcanzó el 96% de los votos, con un abstención del 41% por ser un ejercicio no vinculante. Este caso fue el primero, que fue replicado por 511 municipios catalanes más (de un total de 947) en el siguiente año y medio, con resultados parecidos a los de Arenys de Munt.

El 10 de julio de 2010 se realizó en Barcelona una de las manifestaciones más grandes de la España contemporánea, donde más de un millón de personas salieron a las calles para protestar contra las medidas tomadas por el Congreso de los Diputados y el Tribunal Constitucional español, que cercenaba severamente el Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento de Cataluña, donde las consignas independentistas fueron la constante.

El referéndum catalán de noviembre próximo es una fecha culminante de todo un proceso reciente de varios años y con una profunda raigambre histórica.

El derecho de autodeterminación de los pueblos es un derecho originario irrefutable, que se debe respetar aun y cuando no se regule o reconozca expresamente en los textos constitucionales y legales vigentes, tal y como sucedió en el referéndum de Quebec, y reconocido por el Tribunal Constitucional canadiense; o bien aceptado políticamente por el Gobierno de la Gran Bretaña en la reciente consulta escocesa.

Apelemos al buen juicio y a la cordura de los políticos españoles y catalanes para el caso del referéndum que pretende estos últimos, y que la utilización del instrumento y de la consulta no sea el inicio de un proceso de ruptura y desavenencia que no beneficia aparentemente a nadie.