La aprobación definitiva de las reformas estructurales y la propuesta sobre incrementar el importe del salario mínimo, son temas que han ocupado la agenda pública en las últimas semanas. A parte de generar agitación política y abundante producción periodística, ambos temas cuentan con un común denominador para lograr el éxito que se proponen. Me refiero a la productividad de las pymes y de los trabajadores mexicanos, de nuestros principales agentes económicos.

 Mientras el mercado nacional no logre ser más productivo, mientras no generemos mayor valor con nuestro desempeño, ni las reformas lograrán el crecimiento económico pretendido, ni el alza de los salarios resultará viable. Es una función lineal.

Para lograrlo, para elevar la productividad; para que los trabajadores y empresarios consigan hacer más con los mismos recursos; forzosamente se necesita invertir en el desarrollo de talento, destinar capital a la capacitación y al mejoramiento de habilidades. Es la naturaleza de todo empresario y empresa, invertir constantemente para obtener cada vez un mayor retorno. Un círculo virtuoso al que todo ente racional aspira.

La cuestión es que dicha sinergia implica riesgos, y no solo los propios del negocio, sino los del mercado y la economía. En este punto se cruza una debilidad estructural de México: la falta de legalidad, la ausencia sistemática del estado de derecho, la carencia de un ambiente propicio y razonable para invertir y hacer negocios. Es un riesgo muy costoso, por el impacto directo de lo que se pierde en el día a día, y por el costo de oportunidad de lo que no se está desarrollando.

En México no hay formalidad ni garantías atractivas para los capitales que aspiran a invertir en lo comentado. Basta decir que la economía informal representa el 25% del PIB nacional, una cuarta parte de cada peso producido. Es ilegalidad endémica, y a la vez entendible por las condiciones del país, pero igual urge atenderla, porque resta enorme productividad al mercado. Al menos este 25% de potencial implícito, más sus efectos indirectos.

Si se fortalece e incentiva la formalidad, si se avanza en implementar el estado de derecho, si se progresa en recaudación tributaria, cobertura de seguridad social, cumplimiento de contratos mercantiles, ágil ejecución de garantías, seguridad laboral y en múltiples tópicos más, entonces estaremos preparados para beneficiarnos y potenciar la cuantiosa inversión que traerán reformas como la energética. Y claro, en automático se elevarán los salarios y el valor del trabajo calificado. Así funciona la productividad, es su atributo.

¿Cómo pedirle a los empresarios de pymes que inviertan en capacitación y desarrollo de talento si se enfrentan a competencia desleal con los comerciantes no registrados? ¿Cómo invitar a los profesionistas a que se especialicen y mejoren sus capacidades si el salario promedio que les ofrece el país no llega a los 10 mil pesos mensuales? Hay una tremenda fuga de valor en la informalidad, estamos dilapidando el potencial en tareas que resuelven lo de hoy pero que no construyen lo de mañana.

Educación de mejor calidad, capacitación laboral constante y, un ambiente propicio para invertir y hacer negocios. Son las tres claves para elevar la productividad y detonar nuestras fortalezas. Claro, es más fácil enumerarlas que implementarlas, pero si hacemos conciencia si podemos, porque las tres se cimentan en vigorizar el estado de derecho. Y bueno, éste empieza por la casa, por la cultura individual.

Implica sacrificar inmediatez y comodidad, aprender a competir y adaptarse a la evolución permanente. Cierto que no endulza el oído, pero sí fortifica el progreso social. Ojalá nos animemos.

 

Amable lector, recuerde que aquí le proporcionamos una alternativa de análisis, pero extraer el valor agregado, le corresponde a usted.

 

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