Desde la semana pasada nos enteramos de la agresión sufrida por la corresponsal del Diario el Heraldo de León, en el municipio de Silao, Gto., Karla Silva, lo que generó todo un movimiento de solidaridad de periodistas de la región y del país para demandar el esclarecimiento de los hechos, atrapar a los responsables y someterlos a la acción de la justicia; además de exigir garantías y seguridad para el desempeño de su labor.

El trabajo periodístico, desde que existe, siempre ha tenido un nivel de riesgo, que se ha agudizado en regímenes autoritarios, cuando del ejercicio de la libertad de expresión y comunicación independiente se ha tratado.

Los regímenes autoritarios, y no se diga los totalitarios, siempre han buscado callar o por lo menos amedrentar a las voces opositoras, y a los medios de comunicación y comunicadores que les dan cabida, o a los mismos periodistas que puedan resultar incómodos para la autoridad.

En los tiempos democráticos que vivimos parecía que ese tipo de prácticas habían desaparecido, o por lo menos sensiblemente disminuido, y que las principales amenazas para los comunicadores estaban proviniendo de la delincuencia organizada, que convirtieron al periodismo en una las profesiones más peligrosas de la actualidad.

Pero lo que acaba de dar a conocer el Procurador de Justicia del Estado, de que el Director de Seguridad Pública Municipal de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero, fue quien ordenó la agresión contra la reportera y que es prófugo de la justicia, junto con otro cómplice, nos plantea un escenario de regresión autoritaria muy grave y peligroso. Que este servidor público reclutó a los 3 agresores materiales, 2 de ellos detenidos, con antecedentes penales y administrativos en el propio municipio, nos muestra el tamaño del riesgo al que estaban o están sometidos los habitantes de esa municipalidad. El principal responsable de la seguridad pública organizando delincuentes para agredir a ciudadanos inermes, como la reportera del Heraldo. El mundo al revés, desgraciadamente.

Dese luego que tendremos que esperar al desahogo de la investigación y el deslinde puntual de las responsabilidades, y si la agresión tuvo relación o no con su trabajo periodístico, pero el que no la puede eludir desde ahora es el Presidente Municipal de Silao, Benjamín Solís Arzola, para explicar en principio la desaparición de su jefe policiaco, después de que se giró la orden de aprehensión en su contra.

Peor aún si se comprueba lo que se le imputa al sr. Aguirre Guerrero, pues el propio alcalde silaolense seguramente tendrá mayores dificultades para deslindarse de lo que estaba haciendo su ahora ex jefe policiaco, que en cualquiera de los dos escenarios más probables, es decir que supiera o no de aquellos, son igualmente graves. La responsabilidad será aún mayor, si lo señalan y se le acredita que tuvo alguna participación en la agresión.

Sin embargo, el solo señalamiento que ha hecho el Procurador de Justicia ha puesto en entredicho a la autoridad municipal de Silao, y su legitimidad política e institucional está pendiendo del delgado hilo de una investigación ministerial, la cual supongo que en principio está debidamente sustentada, pues de otra manera no le hubiera obsequiado la orden de aprehensión el juez de la causa.

Esperemos que las autoridades ministeriales y judiciales resuelvan bien y pronto este caso, y que se produzcan las consecuencias jurídicas y políticas que resulten, sin que se trate de obstaculizar o impedir la acción de la justicia, y que solo quede en un hecho aislado donde se involucra directamente a una autoridad en la comisión de delitos contra ciudadanos.

Recordemos el caso reciente del alcalde de San Felipe, Gto. y su también ex jefe policiaco, agrediendo a una ex empleada municipal que denuncio corruptelas en la administración municipal, y que con el paso del tiempo ha quedado en el olvido.

El caso de Silao, por tratarse de una periodista la agredida, el asunto ha adquirido dimensiones mediáticas incluso internacionales, por lo que difícilmente pasará desapercibido con el paso del tiempo.

El tema, en mi opinión, es que este tipo de casos donde se involucren autoridades cometiendo delitos, no podemos permitir que se conviertan en cotidianos, porque de ser así, la regresión autoritaria estará la vuelta de la esquina.