El pasado 26 de agosto el gobierno de Estados Unidos fijó una cuota compensatoria por subsidios al azúcar mexicana, de entre 2.9 y 17 por ciento, con lo que los productores mexicanos del endulzante tendrán que buscar nuevos mercados para 200 0 300 mil toneladas de este agroproducto ante la medida proteccionista del vecino del norte.  

El Departamento de Comercio del gobierno de los Estados Unidos impuso un arancel de 17.01 por ciento al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), y de 2.99 por ciento al Ingenio Tala y empresas del Grupo Azucarero México (GAM).  

La Coalición Estadounidense del Azúcar, que representante de la gran mayoría de productores azucareros de ese país fue la encargada de presentar ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) una petición de aprobación de medidas compensatorias antidumping contra las importaciones de azúcar provenientes de México. De acuerdo con el documento presentado por esa organización, el pasado 28 de marzo México ha incurrido en la práctica comercial desleal conocida como dumping, que consiste en la exportación de grandes volúmenes de un determinado bien a un precio por debajo de los costos reales de producción.

Los productores azucareros estadounidenses alegan que el factor primordial del dumping de la azúcar mexicana, se debe a los fuetes subsidios que tienen los productores del endulzante en el país, que le hace tener costos menores y que su producto compita deslealmente en el mercado norteamericano afectando a los productores norteamericanos.

México a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos había importado sin problemas un millón 300 mil toneladas anuales en promedio sin ninguna afectación para ambas partes, derivado de una necesidad real de consumo del mercado estadounidense.

 La industria azucarera de México es uno de los sectores más importantes del país, esta actividad económica constituye  una agroindustria que genera 930 mil empleos directos y aproximadamente 2.2 millones de empleos indirectos, y se considera una actividad importante no sólo por el alto impacto social que representa, sino por su importancia económica, con un estimado de producción de 27 millones de pesos anuales que representa el 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el 11.6 por ciento del PIB primario y el 2.5 por ciento del PIB manufacturero, según cifras del   Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). La agroindustria nacional de la caña de azúcar se desarrolla en 15 entidades federativas y 227 municipios.      

Las buenas cosechas de caña que se dieron en México  para el ciclo 2012/2013 redundara en una producción de casi 7 millones de toneladas de azúcar, en comparación con un promedio histórico de 5 millones y un consumo nacional a la baja de 4.3 millones. El excedente exportable se ubicará  en 2.7 millones de toneladas. El problema radica en que lo más probable es que solamente se puedan colocar  1.5 millones. Según estimaciones del USDA, la producción mundial será superior al consumo (en 11 millones de toneladas); con lo que los inventarios alcanzarán niveles históricamente altos. 

La alta producción  que se ha dado en el presente año, tanto en la cosecha de caña como en la producción  de azúcar, está lejos de ser una buena noticia para los productores y la economía del país, esto debido a que los precios del endulzante al mayoreo en México se han reducido cerca de 30 por ciento y en los mercados internacionales 17 por ciento. No solamente son los precios los que inciden en un mal desarrollo de esta agroindustria, son también los altos costos que tienen los ingenios del país para producir el azúcar y su retraso tecnológico que redunda en ineficiencia productiva. Los productores de caña enfrentan altos costos en los fertilizantes, agroquímicos y distribución, aunados también a las malas políticas de parte del gobierno desde hace más de 30 años.

El consumo de azúcar de caña también ha bajado considerablemente, tanto para la industria, sobre todo en la refresquera, que sustituye el endulzante de caña por el jarabe de maíz de alta fructuosa. También en los hogares ha disminuido la demanda de azúcar por cuestiones de salud, sustituyéndola por endulzantes con menos o nulas calorías.

La embotelladora mexicana de Coca Cola Femsa, que preside José Antonio Fernández Carbajal, produce sus bebidas, con jarabe de maíz de alta fructuosa; Arca Continental que es la otra gran embotelladora de Coca Cola, en el país y que dirige Manuel L. Barragán Morales, tiene una sola planta que usa para la producción de sus refrescos con azúcar de caña, pero el producto final es exportado a los Estados Unidos, donde tiene gran aceptación por parte de los consumidores norteamericanos.

La política que ha llevado el gobierno en los últimos 35 años ha sido errática en lo que se refiere a la agroindustria del azúcar de caña, cabe recordar que en los años ochenta del siglo pasado, los ingenios azucareros eran manejados por el Estado y era una industria sumamente subsidiada. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari saneó y modernizó los ingenios para venderlos a la iniciativa privada.

Los ingenios fueron vendidos a precios de ganga a empresarios privados, en algunos casos de dudosa reputación, como fue el caso del industrial yucateco Enrique Molina Sobrino, que en sus años de gloria en los años noventa del siglo XX controlaba el 30 por ciento de la producción de azúcar con su Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), además de ser propietario de Gemex, la segunda embotelladora más grande de Pepsi Cola fuera de los Estados Unidos y la tercera a nivel mundial. A nivel nacional esta embotelladora ocupa el segundo lugar nacional como productor de bebidas gaseosas con un 27 por ciento del mercado, después de Coca- Cola, que ostenta el 68 por ciento.

Enrique Molina también era accionista de los bancos privatizados Banpaís y Grupo Financiero Banamex ?Accival; dueño de hoteles de cinco estrellas en Cancún, Puerto Vallarta y los Cabos, así como de agencias de automóviles y compañías de seguros. Pero su estrella se apagó en el año 2000 al ser acusado de defraudación fiscal, teniendo que escapar para no ser aprendido. 

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 México acordó con Estados Unidos la exportación al país del norte 25 mil toneladas de azúcar durante los primeros 6 años de operación del tratado. Sin embargo en el año 2000 el gobierno americano anunció unilateralmente que la cuota máxima de exportación de azúcar originaria de México sería de 116 mil toneladas, lo que significó un duro golpe a los productores nacionales.               

Los malos manejos de los ingenios privados y el excesivo  endeudamiento de los empresarios, además de la incursión del jarabe de maíz de alta fructosa importado principalmente de los Estados Unidos y que tiene un precio mucho más bajo que el azúcar, provocaron un desequilibrio  y contracción del mercado del sector agroindustrial de la caña de azúcar; ante este panorama el gobierno de Vicente Fox en 2001 tomó la decisión de estatizar 27 ingenios para palear la crisis de esa industria.

De los 27 ingenios expropiados por el gobierno de Fox y que fueron reprivatizados en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, nueve pertenecían a Enrique Molina; una cantidad similar al negociador del capítulo azucarero en el Tratado de Libre Comercio, Juan Gallardo Thurlow, cinco del empresario y político Alberto Santos de Hoyos, tres de Teresita Machado y uno más a la familia Seoane.    

Los gobiernos panistas de Fox y Felipe Calderón devolvieron a sus antiguos dueños 14 de los ingenios estatizados, se vendieron cuatro y se pusieron a la venta  nueve de los que pertenecían  al  grupo CAZE.

Los dueños de los 27 ingenios azucareros estatizados arrastraban adeudos con el fisco, IMSS, Financiera Nacional Azucarera, Bancomex,  Fira (del Banco de México), Banrural hoy Financiera Rural, a la banca comercial, a Conagua, así como a productores y jornaleros, con un monto aproximado de 3 mil millones de dólares.

Para muchos analistas, la estatización del gobierno de Fox de los ingenios fue como un rescate a la industria agroindustrial de la caña de azúcar, es decir, un FOBAPROA dulce, con costo al erario. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el rescate de los ingenios ha tenido un costo fiscal de 19 mil millones de pesos y de ese monto, 5 mil 776 millones (32 por ciento) correspondieron a los recursos públicos que el gobierno de Fox gastó en la expropiación y 12 mil 305 millones son pasivos acumulados por Financiera Nacional Azucarera.

La industria refresquera es la principal consumidora de azúcar de caña, pero cada vez es menor la demanda de este endulzante y cada vez es mayor el uso de jarabe de maíz de alta fructuosa. Según datos proporcionados por  el secretario de economía Ildefonso Guajardo, el endulzante a base de maíz ha incrementado el consumo en un millón de toneladas anuales en los últimos cinco años , al pasar de 700 mil toneladas a un millón 735 mil toneladas métricas en 2012, principalmente para uso en la industria refresquera.

En el año 2001 el poder legislativo puso un IEPS del 20 por ciento a las bebidas endulzadas con alta fructuosa del maíz, esto con el fin de que las refresqueras volvieran a utilizar azúcar de caña para producir sus productos, pero este IEPS fue derogado por el entonces presidente Vicente Fox, que fue presionado por los industriales de las bebidas carbonatadas; lo paradójico es que los dueños de las refresqueras usan como argumento que un IEPS al refresco perjudicaría también a los productores de azúcar.

El jarabe de maíz de alta fructuosa es igual o más dañino que el azúcar de caña y también tiene un alto contenido calórico, que provoca obesidad y problemas hepáticos, además de que la mayoría es importada de los Estados Unidos.

La Reforma Hacendaria aprobada para el 2014, impuso un IEPS a las bebidas endulzadas, siendo éste de un peso por litro, lo que hizo que el fisco obtuviera una captación del orden de 7 mil millones de pesos en el periodo enero ? junio de este año, una cifra mil 486 millones más que lo esperado, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos datos nos indican que el consumo de bebidas endulzadas con fructuosa, no ha bajado a pesar del impuesto especial para desestibar el consumo de éste,  por lo tanto el consumo de jarabe de maíz de alta fructuosa por parte de los industriales del refresco tampoco han disminuido. 

Las acusaciones de que la azúcar mexicana ha incurrido en dumping es injusta, ya que la baja en los precios del endulzante en el país responde a un excedente de la producción mundial, coyuntura que la industria estadounidense pareciera querer aprovechar para culpar a México.      

El gobierno mexicano y los productores deberían de emprender una investigación, para analizar si el maíz amarillo transgénico, con el que se produce la alta fructuosa, en los Estados Unidos es subsidiado y emprender un dumping contra ese producto.