Legisladoras, presidentas de las comisiones para la Igualdad de Género de los congresos estatales y titulares de los institutos locales de la mujer se reunieron en Boca del Río, Veracruz, y llegaron al acuerdo de trabajar una agenda legislativa a favor de las mexicanas.
Quizá lo más significativo sea precisamente la reunión misma, el hecho de que las legisladoras y las mujeres al frente de los institutos de la mujer realicen acciones coordinadas para promover acciones favorables al ejercicio de los derechos de las mujeres, porque la falta de voluntad política y la falta de recursos son a menudo las causas de la falta de cumplimiento de las leyes que ya existen para combatir la violencia o para buscar mejores condiciones a la población femenina.
El Acuerdo de Veracruz resulta muy oportuno como acción de fuerza política, porque se ha visto que la tarea de las legisladoras federales o estatales desde sus congresos no ha sido suficiente, pues la violencia contra las mujeres va en aumento, especialmente los feminicidios, la trata y las agresiones sexuales. Se abre una oportunidad alentadora para potenciar las propuestas de las legisladoras, fuerza que requieren, en no pocas ocasiones, para hacer frente a posturas de sus compañeros legisladores.
Por otra parte, es muy alentador que la solidaridad de género esté por encima de los temas partidistas. Puedo decir que en el caso de Veracruz, anfitrión de la reunión, así ha sido, por lo cual la construcción de la legislación en contra de la violencia y por la igualdad de géneros ha tenido la participación comprometida de legisladoras de todos los partidos, de las titulares del Instituto Veracruzano de las Mujeres y de la sociedad civil organizada.
Un caso lamentable que sirve de triste ejemplo sobre la necesidad de reunir las voces para exigir justicia es el de los feminicidios en el Estado de México, donde las autoridades federales persistentemente se han negado a declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) a pesar del incremento en los asesinatos de mujeres. La situación ha llevado al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio a declarar la Alerta Ciudadana de Violencia de Género, movilización importante para llamar la atención sobre esta problemática, pero con limitaciones respecto a las acciones administrativas y de impartición de justicia que supone la AVG porque éstas se encuentran en el ámbito institucional y no en el ciudadano.
De hecho, si las autoridades comprendieran la esencia de la AVG concluirían que es preferible echar a andar este mecanismo de protección institucional para las mujeres que alentar las acciones ciudadanas que colocan un sello de ineficiencia a las autoridades. Los activistas del Observatorio han colocado, por ejemplo, grandes cruces de color rosa en lugares donde se han cometido feminicidios o que son de alto riesgo para la seguridad de las mujeres, como algunos paraderos de transporte público o terrenos baldíos donde se han arrojado los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio. Cada cruz es un recordatorio constante de que las autoridades no hacen su trabajo, que son omisas en resguardar la seguridad de las mujeres y que los ciudadanos se sienten a la deriva, como en un lugar sin ley.
Con una agenda coordinada de institutos y legisladoras se abre la posibilidad de gestionar con más éxito recursos a programas específicos, así como a promover la perspectiva de género en políticas públicas y acciones gubernamentales que permitan verdaderamente hacer transversal este enfoque. Urge aplicar recursos a programas favorables a la población femenina indígena, a realizar acciones eficientes y coordinadas contra la trata de personas y a garantizar la disminución de la violencia obstétrica, pues este último tema es de tal complejidad que no es suficiente con cesar a un funcionario cada vez que trasciende a los medios un caso escandaloso, es necesario abordarlo con la implementación de políticas y estrategias institucionales que puedan garantizar la salud obstétrica con una atención respetuosa y de calidad.
Desde distintos frentes, las mujeres no dejan de luchar por sus derechos, como bien lo muestra ahora el Acuerdo de Veracruz.
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