Desde finales del año pasado, antes de que se aprobara la nueva Ley Federal de Consulta Popular, el PRD y la izquierda plantearon que propondrían a consulta la reforma  constitucional en materia energética. La referida ley fue publicada el 14 de marzo del presente año.

Durante en estos meses se han dedicado a recabar las firmas de apoyo requeridas (el 2% de la lista nominal de electores) pues optaron por acudir a los ciudadanos, alrededor de 1 millón seiscientos mil; porque también lo pueden hacer el Presidente de la República y el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.

No buscaron la vía de alcanzar el apoyo de un tercio de alguna de las Cámaras, seguramente porque no lograrían la mayoría necesaria para ser aprobada por la misma; además de que en ese caso no requerirían la movilización social.

La referida ley exige que primero se consigan los apoyos ciudadanos y su validación por el INE, para después poner a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el tema y la pregunta, y ésta determine su constitucionalidad o no. El procedimiento es cuestionable desde la perspectiva económica, política y social, que implica la movilización de cientos de miles de ciudadanos para apoyar una propuesta, para que después la SCJN nos pueda decir que no procede.

Sin embargo, la iniciativa de la izquierda, encabezada por el PRD, y ahora también por MORENA, cada uno por su lado (aunque hay la iniciativa de un grupo de intelectuales para que se unifiquen) ha resultado muy redituable, desde el punto de vista político-electoral, pues les ha permitido iniciar las campañas del 2015 con muchísima antelación. La consulta sobre la reforma energética ha sido desde entonces la principal bandera de campaña de la izquierda, mucho antes de que inicie el proceso electoral.

Ante esto, el PAN reaccionó proponiendo su propia consulta sobre la necesidad de incrementar los salarios mínimos, con un planteamiento nada original ni novedoso, que de antemano, si se llega a aprobar, tendría una respuesta ampliamente favorable; pues quién podría oponerse, solo los empresarios que tendrían dificultades para financiarlo. Para este segundo planteamiento no hay respuesta, y es donde aparece la demagogia y el populismo de la propuesta, como tampoco se explica por qué durante los 12 años que tuvieron el gobierno federal no hicieron lo que ahora proponen se consulte a la sociedad.

Tardíamente el PRI hizo lo propio esta semana, proponiendo que se consulte la desaparición de 100 diputados y 32 senadores que actualmente se eligen por la vía de la representación proporcional, apelando a que fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto. El planteamiento tampoco es novedoso, ya hay varias iniciativas con ese propósito en el Congreso de la Unión.

Además de que la propuesta es presuntamente inconstitucional doblemente, porque no se puede consultar en materia electoral y contra los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, particularmente el que se refiere a la característica representativa de la República, llama la atención que el PRI no la planteó en la reciente reforma política, e implicaría reformas a la Constitución.

La pregunta que propone el PRI, si se aprueba, también tendría una respuesta obviamente aprobatoria, independientemente de los efectos negativos en la democracia representativa que hemos construido las últimas décadas.

Me parece que tanto el PAN como el PRI saben que sus respectivas propuestas de consulta son obvias en la respuesta y abiertamente demagógicas y populistas, y por tanto coyunturales y electoreras, si es que llegan a la boleta en junio de 2015.

La del PRI parece que busca más aterrizar en la pista de la inconstitucionalidad declarada por la SCJN, para que eventualmente pueda hacer lo mismo con la propuesta de la izquierda, en lo que creo es su verdadero propósito.

Ambas buscan entrar en las pre precampañas que inició la izquierda, buscando el apoyo popular, cuando ellos sí, más el PRI pero también el PAN, tendrían el tercio de alguna de las Cámaras para presentar su propuesta por esa vía, y el PRI con sus aliados sin problema lograría su aprobación. Pero a esta alternativa seguramente no le vieron réditos político-electorales.

Los dos movimientos, el del PAN y el del PRI, tienen propósitos de estrategia política en el ajedrez preelectoral, más que la genuina intención de consultar asuntos de trascendencia nacional a los ciudadanos.

Las formas de democracia directa, como la consulta popular que recién tenemos en nuestro sistema constitucional, se pueden fácilmente tergiversar y manipular con propósitos aviesos, como sucedió en los regímenes fascistas de la primera parte del siglo pasado.

Toda la responsabilidad política se le está trasladando a la SCJN  en la inauguración de esta institución en nuestro país, esperemos que estén a la altura de las circunstancias.